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EN DEFENSA DE LA CIENCIA EN ESPAÑA
La investigación y la innovación son cruciales para el desarrollo y el bienestar de la sociedad, especialmente en tiempos de crisis. En estos momentos se está demostrando que la supuesta prosperidad que daba el ladrillo no era sino pan para ayer y hambre para hoy, y la economía española sigue inmersa en la crisis de la que han salido ya varios países vecinos, que han optado por un modelo económico más sólido.
En este contexto de crisis, tras una década de complacencia, se empezó a hablar con urgencia de la necesidad de un cambio de modelo en pos de una economía sostenible. Sin embargo, observamos, alarmados y con desazón, que la inversión en investigación y desarrollo es el primer “daño colateral” en las finanzas del Estado, a pesar de que sólo dedicamos a Investigación+Desarrollo+innovación (I+D+i) el 1’35% del PIB, frente al 2% que se había marcado el PSOE como objetivo para el año 2010 o el 3% que fija como meta la Agenda de Lisboa y el Objetivo de Barcelona 3’45%, cifra que ya es notablemente inferior a la inversión actual de nuestros vecinos del norte de Europa.
El daño no se limita al Gobierno central y sus presupuestos, pues la gran mayoría de las Comunidades Autónomas (como Madrid y Valencia) también ha recortado los recursos destinados a investigación o a universidades, en algunos casos en un porcentaje muy elevado. Un colectivo muy afectado por este “tijeretazo” será el de los aspirantes a entrar en la carrera investigadora y, especialmente, el de los científicos con contrato temporal, que verán en muchos casos como éste no se renueva, después de todos sus años de trabajo, durante un proceso de formación y perfeccionamiento continuo financiado en gran parte por el Estado, que desaprovecha así su inversión.
El sector científico fue totalmente marginado de las medidas anticrisis, cuando un Plan-E7 consagrado a la Investigación y a las infraestructuras científicas podría haber cumplido los mismos objetivos que el efectivamente realizado y haber supuesto un salto cualitativo aprovechable en años posteriores, a diferencia de muchas de las obras que fueron financiadas por el Gobierno central. Del mismo modo, el aumento del paro debería haber impulsado un programa nacional urgente de formación de investigadores y técnicos y de reciclaje de trabajadores de sectores excedentes; además, hubiese sido un excelente momento para impulsar las actividades de I+D+i en el sector privado, especialmente en las PYMES, las más afectadas por la crisis. Oportunidades para conjuntar estímulo y avance de la ciencia y la tecnología no faltan.
Así, en lugar de esforzarse por obtener recursos e idear medidas de estímulo a la I+D+i, ésta ha sido la principal sufridora de la “austeridad”, lo que implicará, necesariamente, que no se puedan cumplir muchas metas. Por detrás de algo que puede sonar tan abstracto como sistema de I+D+i, se esconden cosas tan concretas como la investigación del cambio climático, el descubrimiento de nuevos medicamentos, la optimización energética y el desarrollo de fuentes de energía alternativas, la lucha contra el cáncer, etc. El recorte financiero implicará necesariamente un retraso en estas y otras investigaciones.
Esta amenaza coyuntural, muy preocupante por sí sola, se ve agravada en gran medida porque el sistema científico español adolece de una serie de males estructurales, endémicos, que, en el mejor de los casos, son parcheados de un modo deficiente. Entre estos, podemos señalar:
1. Cambio continuo de los responsables burocráticos y de las estructuras de gestión de la investigación.
2. Falta de un calendario fijo de convocatorias de los diversos programas de ayudas a grupos y proyectos de investigación y atrasos burocráticos en su concesión.
3. Ausencia de continuidad y estabilidad en los programas de Recursos Humanos, con continuos cambios en las fechas de las convocatorias y reiteradas dilaciones en la resolución.
4. Arbitrariedad y falta de planificación en los sistemas de selección, promoción y estabilización, que implican la carencia de una política de RRHH sólida, competitiva y con un proyecto a largo plazo.
5. Paralización de la nueva Ley de la Ciencia y de diversas iniciativas legislativas (EPDI8, PL-A9, PL-FJI10), necesarias para la regulación de las figuras de las diversas carreras del sistema científico (gestora, docente, técnica e investigadora).
En este contexto de crisis, tras una década de complacencia, se empezó a hablar con urgencia de la necesidad de un cambio de modelo en pos de una economía sostenible. Sin embargo, observamos, alarmados y con desazón, que la inversión en investigación y desarrollo es el primer “daño colateral” en las finanzas del Estado, a pesar de que sólo dedicamos a Investigación+Desarrollo+innovación (I+D+i) el 1’35% del PIB, frente al 2% que se había marcado el PSOE como objetivo para el año 2010 o el 3% que fija como meta la Agenda de Lisboa y el Objetivo de Barcelona 3’45%, cifra que ya es notablemente inferior a la inversión actual de nuestros vecinos del norte de Europa.
El daño no se limita al Gobierno central y sus presupuestos, pues la gran mayoría de las Comunidades Autónomas (como Madrid y Valencia) también ha recortado los recursos destinados a investigación o a universidades, en algunos casos en un porcentaje muy elevado. Un colectivo muy afectado por este “tijeretazo” será el de los aspirantes a entrar en la carrera investigadora y, especialmente, el de los científicos con contrato temporal, que verán en muchos casos como éste no se renueva, después de todos sus años de trabajo, durante un proceso de formación y perfeccionamiento continuo financiado en gran parte por el Estado, que desaprovecha así su inversión.
El sector científico fue totalmente marginado de las medidas anticrisis, cuando un Plan-E7 consagrado a la Investigación y a las infraestructuras científicas podría haber cumplido los mismos objetivos que el efectivamente realizado y haber supuesto un salto cualitativo aprovechable en años posteriores, a diferencia de muchas de las obras que fueron financiadas por el Gobierno central. Del mismo modo, el aumento del paro debería haber impulsado un programa nacional urgente de formación de investigadores y técnicos y de reciclaje de trabajadores de sectores excedentes; además, hubiese sido un excelente momento para impulsar las actividades de I+D+i en el sector privado, especialmente en las PYMES, las más afectadas por la crisis. Oportunidades para conjuntar estímulo y avance de la ciencia y la tecnología no faltan.
Así, en lugar de esforzarse por obtener recursos e idear medidas de estímulo a la I+D+i, ésta ha sido la principal sufridora de la “austeridad”, lo que implicará, necesariamente, que no se puedan cumplir muchas metas. Por detrás de algo que puede sonar tan abstracto como sistema de I+D+i, se esconden cosas tan concretas como la investigación del cambio climático, el descubrimiento de nuevos medicamentos, la optimización energética y el desarrollo de fuentes de energía alternativas, la lucha contra el cáncer, etc. El recorte financiero implicará necesariamente un retraso en estas y otras investigaciones.
Esta amenaza coyuntural, muy preocupante por sí sola, se ve agravada en gran medida porque el sistema científico español adolece de una serie de males estructurales, endémicos, que, en el mejor de los casos, son parcheados de un modo deficiente. Entre estos, podemos señalar:
1. Cambio continuo de los responsables burocráticos y de las estructuras de gestión de la investigación.
2. Falta de un calendario fijo de convocatorias de los diversos programas de ayudas a grupos y proyectos de investigación y atrasos burocráticos en su concesión.
3. Ausencia de continuidad y estabilidad en los programas de Recursos Humanos, con continuos cambios en las fechas de las convocatorias y reiteradas dilaciones en la resolución.
4. Arbitrariedad y falta de planificación en los sistemas de selección, promoción y estabilización, que implican la carencia de una política de RRHH sólida, competitiva y con un proyecto a largo plazo.
5. Paralización de la nueva Ley de la Ciencia y de diversas iniciativas legislativas (EPDI8, PL-A9, PL-FJI10), necesarias para la regulación de las figuras de las diversas carreras del sistema científico (gestora, docente, técnica e investigadora).
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