El 6,6% de las grandes empresas agrarias obtiene ya el 42% del valor de la producción que se genera en el campo español. Así lo recoge un estudio elaborado por COAG a partir de los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Titulado Esenciales. La agricultura española ante calamidades que afectan a la seguridad nacional, los servicios técnicos de esta organización analizan las claves estratégicas de un tejido productivo fuerte y asentado en el territorio para responder a crisis como la de la COVID, al tiempo que se advierte de los peligros para la seguridad alimentaria de España y Europa de la creciente concentración de la producción en manos de sociedades mercantiles multinacionales.

Según los datos actualizados del  ministerio, en España hay un millón de explotaciones agrarias, el 93,4% con titular físico y el 6,6% son empresas, 65.000 sociedades cuyo objeto social principal es la producción primaria. “No son tanto las producciones agrarias en sí las que están en peligro, sino los agricultores y ganaderos del modelo social y profesional de agricultura frente a la concentración de la producción y la creación de  oligopolios, que estimulan la entrada de fondos de inversión. ¿Qué ocurriría si la producción agraria y la alimentación estuvieran en manos ajenas (más en la situación actual) en una calamidad aguda o prolongada, si no dispusiéramos de sistemas productivos diversificados y propios en la UE, en los que el modelo social y profesional es el predominante? Las consecuencias podrían ser devastadoras. Hemos sido esenciales para evitarlo. Claro ejemplo es el coste de vidas, pero también el coste económico y social derivado de la falta de elementos de protección sanitaria durante el inicio de la pandemia (mascarillas, EPIs, gel hidroalcóholico…)”, ha subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG.

El informe recoge un análisis DAFO de la caracterización del sector agrario español, sobre la base de los trabajos realizados por el ministerio para la elaboración del Plan Estratégico de España para la futura PAC. Desde el punto de vista económico, el sector agroalimentario español es vulnerable en su conjunto por sus propias características: escasa rentabilidad de las explotaciones de menor dimensión económica, muy condicionada por su elevada atomización y exposición a los riesgos del mercado; los costes de producción se sitúan por encima de los de un importante número de terceros países; posición de debilidad del sector productor frente a los demás eslabones de la cadena en capacidad de negociación; aumento de la brecha digital y falta de conectividad.

En el capítulo de propuestas, el informe señala la necesidad de proteger a las explotaciones que han resultado más dañadas por los efectos de la pandemia para que puedan seguir adelante, en el marco del modelo de agricultura social y profesional mayoritario en Europa. En este sentido, recomienda “poner la vista en el medio y largo plazo, de manera que se diseñen mecanismos de regulación y protección; por ejemplo, reservas estratégicas o mejoras en los sistemas de gestión de riesgos y crisis frente a calamidades y situaciones catastróficas”. Asimismo, aboga por una transformación digital inclusiva, que permita que todas las explotaciones puedan beneficiarse en igualdad de oportunidades. “Se debe aprovechar el despegue del comercio electrónico en alimentación para establecer estrategias específicas y concretas para los sistemas alimentarios territorializados y para los canales cortos de comercialización en el marco de posibles calamidades”.