El Consejo de Ministros acordó declarar como “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” a las provincias y comunidades autónomas que han sufrido temporales, inundaciones, incendios forestales y otras catástrofes naturales desde abril. El impacto presupuestario total rondará los 746 millones de euros.
Las situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica incluidas expresamente en el Decreto-ley son los incendios forestales de Tarragona, Madrid y Toledo del mes de junio, las inundaciones en Navarra y Ourense en julio, los incendios forestales declarados en la isla de Gran Canaria en agosto y los episodios de Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectaron a varias comunidades autónomas -en especial, del sureste peninsular- a finales de agosto y a mediados de septiembre.
La declaración a través de un Real Decreto-ley permite articular la adopción de un conjunto de medidas urgentes por parte de nueve ministerios para paliar los daños personales y materiales causados por esos siniestros. De forma absolutamente provisional, el importe de las ayudas se estima en 557,7 millones de euros. A esta cantidad habría que sumar 130,2 millones en actuaciones de la Administración General del Estado y 58,4 millones de euros en exenciones y bonificaciones en materia de empleo y Seguridad Social.
La mayor parte de la compensación de los daños por las pérdidas sufridas en las producciones agrícolas y ganaderas procederá de las indemnizaciones de los seguros agrarios, pero el Decreto-ley contempla conceder ayudas a aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas que no tengan contratada la póliza del seguro cuando hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción, siempre y cuando se hubiera contratado el seguro para la campaña anterior y en esta campaña no se hubiera contratado aún, porque todavía les quedaba plazo para formalizar la póliza, o porque no se había abierto el período de suscripción. Los titulares de explotaciones agrícolas con pólizas amparadas por el Plan de Seguros Agrarios Combinados podrán recibir ayudas para paliar daños que no sean asegurables. En total, las actuaciones y ayudas de este Ministerio superarán los 13 millones de euros.
En cuanto al Ministerio para la Transición Ecológica, se recogen actuaciones por importe de 62,3 millones de euros para restaurar el dominio público marítimo terrestre en el litoral correspondiente, así como el dominio público hidráulico.
El Decreto-ley faculta al Ministerio de Fomento a declarar de emergencia las obras ejecutadas por ese departamento para reparar los daños ocasionados en infraestructuras de su titularidad. Las actuaciones en ADIF, AENA, Renfe, Carreteras, Instituto Geográfico Nacional y Puertos supondrán un mínimo de 60,7 millones de euros.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública gestionará las ayudas para reparar los daños en infraestructuras municipales y en la red viaria de las diputaciones provinciales, las comunidades autónomas uniprovinciales y los cabildos insulares. El importe estimado y provisional de estas ayudas, que financiarán hasta el 50% del coste de cada proyecto, es de 541,7 millones de euros.
Por lo que respecta al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el Decreto-ley permite establecer bonificaciones y exenciones de cuotas de la Seguridad Social, con un impacto presupuestario estimado de 58,4 millones de euros. Por su parte, el Ministerio de Hacienda concretará las exenciones en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las reducciones en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Como es habitual, estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.
En el ámbito del Ministerio de Economía y Empresa, el Decreto-ley contempla que se podrá solicitar la actuación del Consorcio de Compensación de Seguros para una evaluación más correcta de los daños no personales (en viviendas o empresas) siempre que no afecten a bienes de titularidad pública. Por último, la activación de ayudas para empresas será la aportación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para paliar las consecuencias de las situaciones catastróficas.
