La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) contará este año con un presupuesto de 8,3 millones de euros, un 32% más que el año pasado, para reforzar sus labores de control del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

 La AICA es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuya actividad de control de la cadena alimentaria se realiza cuando recibe una denuncia por incumplimientos a la ley y mediante inspecciones de oficio. La agencia realizó 320 inspecciones de oficio en 2020, lo que supuso controlar 734 relaciones comerciales entre operadores de la cadena alimentaria y la imposición, por parte del ministerio, de 580 sanciones por 879.000 euros.

Del total de inspecciones, 168 se realizaron en el sector lácteo, 100 en el vitivinícola, 24 en el ámbito de las frutas y hortalizas y 16 en el del aceite de oliva.

Por su parte, de las 580 sanciones, 342 tuvieron como causa el incumplimiento de los plazos de pago; 129 se impusieron por no incluir en los contratos toda la información preceptiva; y 89 por no existir contrato. En los tres casos el comercio mayorista (en origen y destino) resultó el más sancionado, por delante de la industria y a mucha distancia del comercio minorista y de los productores.

Por otro lado, en 2020 se presentaron 65 denuncias, el 44% de ellas procedentes de organizaciones sectoriales y el 40% de productores.

 La directora de la AICA, Gema Hernández, ha facilitado esta información al consejo asesor de la agencia, reunido para conocer el resultado final de un ejercicio marcado por el estado de alarma y la pandemia de la COVID-19 y la aprobación en febrero del real decreto ley 5/2020 que modificaba la Ley de la Cadena Alimentaria, lo que supuso tener que adaptar la actividad diseñada a principios de año a las nuevas circunstancias.

 En este sentido, ha destacado que 2020 supuso un trabajo intenso de reprogramación de inspecciones y de investigación de las denuncias y alertas que se presentaron por posibles incumplimientos de la ley de la cadena.

Hernández también ha facilitado cifras del acumulado de la actividad de la agencia desde su creación en 2014. Así, el número de inspecciones ha sido de 4.584, entre las que destacan las 1.472 en el sector de frutas y hortalizas, las 944 del lácteo, las 895 vinculadas al sector vitivinícola, las 595 al oleícola y las 417 del cárnico. Estás inspecciones han derivado en 2.474 infracciones con sanción impuestas por el ministerio por un total de 11.858.185 €. Los sectores con mayor número de incumplimientos han sido el sector de frutas y hortalizas (985), el lácteo (325), el vitivinícola (261) y el oleícola (201).

Desde la creación de AICA, el motivo más frecuente de sanción es el incumplimiento de los plazos de pago (51,7%). Y por el tipo de operador, el 44,2% ha recaído en la distribución comercial mayorista, seguido de la industria, con el 35,4%.

 La reunión del consejo asesor ha estado presidida por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, quien ha recordado que las buenas relaciones de la cadena son un tema crucial para el futuro y la sostenibilidad del sector agroalimentario. En una cadena de valor equilibrada, ha dicho, todos los agentes deben obtener un valor que remunere su aportación, particularmente los productores primarios a los que la ley reconoce como parte más débil. De ahí que la batería de modificaciones legislativas iniciadas en 2020 tenga como fin el establecimiento de relaciones comerciales verdaderamente equilibradas y creadoras de valor para todos los eslabones.

 En este contexto, ha señalado que la AICA  juega un papel clave y que por eso es  una prioridad para el ministerio reforzar su funcionamiento con incremento el presupuestario aprobado para 2021 y con un plan de incorporación de personal técnico.