La Comisión Europea ha aprobado, durante el encuentro del Colegio de Comisarios celebrado en Bruselas, una cláusula de salvaguarda destinada a proteger al mercado europeo del arroz frente a las importaciones procedentes de Camboya y Myanmar, tras confirmar una investigación un aumento significativo de las importaciones de arroz del tipo 'índica' procedente de ambos países asiáticos que ha causado daños económicos a los productores europeos.

Este mecanismo comportará, tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, la reintroducción de aranceles durante tres años (175 € por tonelada el primer ejercicio, 150 € el segundo y 125 € el tercero) a estas importacioness. Durante la investigación, que comenzó en marzo de 2018, la Comisión constató que el conjunto de las importaciones de arroz del tipo 'índica' procedentes de estos dos países había aumentado un 89 % en las cinco últimas temporadas arroceras. Asimismo, puso de manifiesto que los precios eran sustancialmente más bajos que los del mercado de la UE e incluso habían disminuido durante el mismo período. Este gran incremento de las importaciones a bajo precio ha causado graves dificultades a los productores de arroz de la Unión, cuya cuota de mercado en la UE se redujo sustancialmente, del 61 % al 29 %.

Camboya y Myanmar/Birmania son beneficiarios del régimen comercial 'Todo menos armas' (TMA) de la Unión, que concede unilateralmente un acceso libre de derechos y contingentes a los países menos desarrollados del mundo (excepto para armas y municiones). Este es uno de los pilares del sistema de reducción de aranceles del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) para los países en desarrollo.

Con la decisión adoptada por el ejecutivo comunitario, se pone en marcha por primera vez un instrumento de esta naturaleza para defender un producto agrario no transformado europeo ante la competencia de terceros países, sentando un precedente que puede hacerse extensivo a otros cultivos que, como en el caso de los cítricos, atraviesan dificultades similares a las que ha venido sufriendo el colectivo arrocero durante los últimos tiempos.

Así lo ha interpretado la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), que ha valorado en términos “altamente positivos” la plasmación de esta reivindicación histórica porque entiende que “va a suponer una válvula de oxígeno para los arroceros en la medida en que debe permitir restaurar el equilibrio en el mercado europeo del arroz, que se había visto seriamente distorsionado y comprometido por los efectos de los acuerdos comerciales preferentes firmados entre la Unión Europea y determinados países asiáticos”. Los precios percibidos por los arroceros valencianos han experimentado un descenso del 15%, mientras que la caída ha alcanzado el 30% en otras regiones productoras como Italia.

El dirigente de AVA-ASAJA, Miguel Minguet, a su vez vicepresidente del Grupo de Trabajo del Arroz del COPA-COGECA en representación de ASAJA, es el único representante español que ha participado en todas las reuniones de alto nivel celebradas en Bruselas sobre este asunto. El trabajo llevado a cabo, con el respaldo de la oficina de ASAJA en Bruselas, hizo posible que en diciembre un total de trece países, entre ellos los principales productores como España, Italia, Portugal, Francia y Grecia, votaran a favor de esta exigencia del sector que finalmente ha adoptado la Comisión Europea.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, reclama al Ministerio de Agricultura que no desaproveche este precedente y encabece de modo decidido todas las actuaciones necesarias para plantear ante la UE la posibilidad de aplicar una cláusula de salvaguarda también en los cítricos “frente a la competencia desleal que están sufriendo de otros países, fundamentalmente Sudáfrica”, señala la organización agraria en un comunicado.