La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana ha reclamado al ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que elimine la obligación de declarar digitalmente los tratamientos fitosanitarios a partir de 2026.
El conseller Miguel Barrachina ha mostrado su apoyo al reglamento de simplificación de la PAC, y ha subrayado la necesidad de que las medidas de simplificación administrativa “no se queden en el papel, sino que se traduzcan en cambios reales y efectivos para los agricultores, especialmente para los más pequeños, que son los que más sufren la actual carga burocrática”.
Miguel Barrachina realizó estas declaraciones durante su intervención en el Consejo Consultivo de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios convocado por el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Durante su intervención, subrayó que la Comunidad Valenciana apoya “cualquier medida que reduzca trámites y papeles innecesarios. No podemos exigir a un pequeño productor que tenga que declarar digitalmente cada tratamiento fitosanitario cuando, en muchos casos, ni siquiera tiene los recursos o conocimientos técnicos para ello”. En este sentido, reclamó al ministerio que “no imponga obligaciones digitales de forma indiscriminada, sino que tenga en cuenta la realidad del campo, la dimensión de las explotaciones y la capacidad de quienes trabajan la tierra”.
Además, el conseller subrayó que “la digitalización debe ser una herramienta para facilitar la vida al agricultor, no una traba adicional, especialmente en una comunidad como la valenciana, donde la edad media de los productores supera los 65 años y donde predomina el minifundismo, con las explotaciones más pequeñas de Europa”.
Barrachina insistió en que “la simplificación administrativa debe ser una prioridad política real” y ofreció su colaboración al Gobierno para “articular medidas viables que alivien la carga de los productores”.
A partir de 2026, será obligatorio declarar digitalmente los tratamientos fitosanitarios
“Las exigencias digitales representan la gota que colma el vaso para los agricultores, quienes terminan abandonando sus tierras. Esta situación se hace especialmente evidente en la Comunidad Valenciana, que ya ostenta un récord europeo en cuanto al abandono de explotaciones agrarias”, lamentó el conseller.
El Boletín Oficial del Estado publicó en enero el Real Decreto 34/2025, que ratifica oficialmente la voluntariedad del cuaderno digital de explotación agrícola durante el actual periodo de aplicación de la Política Agrícola Común (2023-2027), y recoge la obligatoriedad del registro electrónico de los tratamientos fitosanitarios a partir de 2026.
Esta norma establece que los operadores profesionales en ámbitos agrarios mantendrán actualizado el registro de tratamientos fitosanitarios, pero podrán elegir si hacerlo en soporte papel o digital, hasta el 31 de diciembre de 2025. Una decisión que emana del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564 de la Comisión, que establece la obligación, a partir del 1 de enero de 2026, del registro electrónico de los tratamientos fitosanitarios para todos los operadores europeos, con independencia de su sector de actividad.
El Registro Electrónico de Transacciones y Operaciones con Productos Fitosanitarios (RETO), aplicación informática desarrollada por el ministerio, permite el registro de la información en tiempo real y garantiza una trazabilidad integral de la cadena de suministro de productos fitosanitarios. El Gobierno aclara en el real-decreto que esta decisión equipara a los operadores agrarios con los operadores del sector de tratamientos fitosanitarios, que realizan su actividad en el ámbito no agrario, y que desde 2021 ya deben cumplir electrónicamente con estas obligaciones en el RETO.
