La obligación de registrar de forma electrónica los tratamientos fitosanitarios a partir de 2026 supone “una carga administrativa adicional e innecesaria para los agricultores”, según denuncia La Unió Llauradora i Ramadera, que ha trasladado su preocupación a través de un escrito dirigido al ministro de Agricultura, Luis Planas, y en una reunión con la Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García.
La organización agraria considera que la administración ya dispone actualmente de la información necesaria para controlar el uso de fitosanitarios gracias a la interconexión de registros a través del Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas (SIEX). Este sistema incluye ya el Registro Electrónico de Transacciones y Operaciones (RETO), que permite conocer en tiempo real las compras de productos fitosanitarios por parte de los agricultores; el Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO), que garantiza que los agricultores que compran y aplican fitosanitarios están formados y cuentan con la habilitación necesaria; el Registro de Explotaciones Agrarias (REA), que contiene toda la información sobre las explotaciones agrarias, permitiendo vincular la compra de fitosanitarios con la superficie y cultivos declarados; y el Cuaderno de Explotación que desde 2013 exige a los agricultores registrar las aplicaciones de fitosanitarios.
Además, La Unió recalca que existen certificaciones privadas, como GlobalGAP, que imponen requisitos estrictos sobre el uso de fitosanitarios para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad, complementando los controles administrativos. “El nuevo registro obligatorio supone una duplicidad de datos y un aumento injustificado de la burocracia, sin una mejora real en la trazabilidad ni en la seguridad alimentaria. Además, esta medida ha sido impuesta sin haber cuantificado su impacto en el sector agrario”, advierte la organización, que propone al ministerio que la información contenida en el registro diario (RETO) de compras, ventas, importaciones, exportaciones y tratamientos de productos fitosanitarios, que ya registra e identifica al comprador (ROPO), se amplíe con el identificador de la explotación agraria (REA) a la que se van a aplicar. De esta forma, no sería obligatorio el registro electrónico de los tratamientos fitosanitarios por parte de los titulares de las explotaciones agrarias.
La organización agraria considera que la administración ya dispone de la información necesaria para controlar el uso de fitosanitarios
De esta forma, La Unió aboga por la sustitución de esta obligatoriedad por un sistema automatizado que vincule las compras de fitosanitarios registradas en RETO con las explotaciones declaradas en el REA; la mejora de la interoperabilidad del SIEX para que la administración pueda cruzar estos datos automáticamente, garantizando la trazabilidad sin necesidad de registros adicionales por parte del agricultor; el establecimiento de un sistema de alertas o verificaciones automáticas que detecte incoherencias entre las compras de fitosanitarios y las superficies/cultivos declarados en el REA, permitiendo una fiscalización efectiva sin burocracia extra; la ampliación del RETO con la identificación de explotaciones agrarias, eliminando así la obligación del registro electrónico de los tratamientos por parte de los agricultores.
“La obligación de registrar electrónicamente los tratamientos fitosanitarios a partir del 1 de enero de 2026 es totalmente descabellada porque, entre otras cosas, va a suponer una burocracia extra debido a los numerosos tratamientos que tenemos que hacer debido a la implantación de nuevas plagas por no controlar adecuadamente en frontera las importaciones y confío en que el Ministerio de Agricultura entre en razón y contemple nuestras demandas”, lamenta Carles Peris, secretario general de La Unió.
