Los agricultores europeos hacen un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Es una de las conclusiones del informe elaborado por el Comité Económico y Social Europeo y coordinado por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). La organización agraria ha realizado una evaluación de la Directiva europea 2009/128/EC, concluyendo que la utilización de estos productos para luchar contra las enfermedades de las plantas y garantizar la producción de alimentos es “razonable y sostenible”.
El director de Relaciones Internacionales de UPA y consejero del CESE, José Manuel Roche, ha sido el ponente de este documento informativo que ha analizado en detalle la aplicación de esta directiva en cinco países de la UE: España, Irlanda, Suecia, Bulgaria y Croacia. “La directiva ha contribuido a que el uso de los fitosanitarios en Europa sea cada vez más lógico y adecuado”, señala Roche.
El estudio del CESE concluye que la manipulación y el tratamiento con fitosanitarios en el campo ha vivido “avances significativos” desde 2009. Sin embargo, hay una falta de conocimiento sobre las normativas que rigen su aplicación que sigue siendo el principal obstáculo para lograr el uso óptimo de plaguicidas. “Concretamente, y aunque con excepciones en determinados países, se continúa observando un incumplimiento general de la exigencia de formación obligatoria de los usuarios finales”, expone el informe.
Existe también un amplio consenso sobre la ausencia de soluciones alternativas y nuevas tecnologías lo suficientemente rentables como para lograr desincentivar de manera más decisiva el uso de productos fitosanitarios. El estudio constata que la eliminación del mercado de sustancias activas no se está produciendo al mismo ritmo que el desarrollo de soluciones alternativas, lo cual coloca a los agricultores en una situación de desventaja competitiva frente a otros países productores. “Se sigue recurriendo poco a soluciones alternativas, debido principalmente a una falta de eficacia y rentabilidad para el mantenimiento óptimo de los cultivos”.
Al respecto, el CESE propone incrementar la compensación financiera para los agricultores con el fin de integrar gradualmente soluciones alternativas en las prácticas agrícolas, aumentar los fondos destinados a la investigación e innovación para el desarrollo de soluciones alternativas eficientes y asequibles y promover la inclusión de las nuevas tecnologías y la innovación, como el uso de drones.
El CESE insta a las instituciones europeas a crear un marco normativo armonizado. La Política Agraria Común, la Directiva de Uso Sostenible de Fitosanitarios, el Pacto Verde y la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’ son normativas que afectan a los agricultores de forma directa y pueden hacerlo negativamente de no aplicarse “con lógica”.
“Todos queremos una Europa más limpia y sostenible, y los agricultores somos expertos en producir más con menos, pero es fundamental que se reconozca la dificultad de nuestro trabajo y la necesidad de garantizar unos precios justos para nuestros productos”, subraya Roche. “Producir alimentos es complejo, y el cambio climático lo complica aún más, por eso la sociedad debe saber que los fitosanitarios se usan con control y con seguridad. Aquí más que en ningún lugar del mundo”.
