La Operación Fresón, investigación llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil contra el tráfico ilegal de fitosanitarios, se cierra ocho años después con la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que condena a quince de los detenidos en dicha causa a penas de prisión, que van desde los seis meses hasta los dos años y medio, principalmente por delito continuado contra la salud pública.

En 2013 comenzó esta investigación, que se desarrolló en varias provincias españolas y se saldó con la detención de 28 personas. Se realizaron seis registros en diferentes empresas y domicilios y la incautación de gran cantidad de productos fitosanitarios de todo tipo, prohibidos o cuyo comercio se materializa sin respetar derechos de propiedad, todo ello en una cantidad superior a 10.000 kilos de sustancias diversas.

En la operación se pudo acreditar la línea completa de la actividad delictiva, desde el momento de la elaboración en Asia y la búsqueda de vías de contacto para proceder a la importación, hasta la posterior formulación y distribución en España.

Además del delito contra la salud pública, la sentencia incluye falsedad en documento mercantil, pertenencia a organización criminal o contra la propiedad industrial por infracción de marcas y patentes. A las penas de prisión, se añaden la inhabilitación para la comercialización de fitosanitarios, las multas correspondientes y el pago de las costas del procedimiento judicial.

AEPLA, la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, se personó como acusación popular en dicha causa “por considerar gravísimos los delitos cometidos y para defender el respeto a la agricultura, al medio ambiente, a la salud y al bienestar general, y el buen uso de los productos fitosanitarios”. La asociación destaca en un comunicado que, “a pesar del tiempo transcurrido, la Justicia ha sido rigurosa en el enjuiciamiento y gravedad de las penas a organizaciones criminales que cometen tales delitos”. En 2008, AEPLA puso en funcionamiento un teléfono de avisos (902 802 081) para informar de manera anónima de cualquier movimiento o actividad que pudiera estar relacionado con este tráfico ilegal de productos. Toda la información recibida es remitida al Seprona y autoridades competentes.

Operación Fresón

En marzo de 2013, la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva detectó la posible comercialización de un producto presentado como abono, pero cuya condición real era la de fitosanitario. Se tomaron las muestras pertinentes, que resultaron positivas en contenido de sustancias fitosanitarias activas. A raíz de ello, se realizaron las primeras gestiones operativas, que confirmaban la actividad en otras dos provincias, por lo que se solicitó el apoyo de la UCOMA (Unidad Central Operativa Medio Ambiental) del Seprona.

A partir de ese momento se inició la Operación Fresón, con acciones policiales en Almería, Barcelona, Murcia, Tarragona y Valencia. A lo largo de la investigación se produjo una acción paralela por parte del SEPRONA de Badajoz, que enlazó parcialmente ambos casos, al constatarse que el fabricante de los productos que poseían los detenidos pacenses se correspondía con la empresa investigada en Valencia como consecuencia del caso iniciado en Huelva.

La fábrica, una empresa valenciana de carácter familiar, movía miles de kilos de producto ilegal  cada temporada con beneficios por cada litro de entre 3 y 10 euros. Entre sus clientes tenía una importante comercial tarraconense que, además de presentar similar importancia en cuanto al volumen de mercancía que manejaba, destacaba por su implicación en la venta de productos ilegales utilizados en el Delta del Ebro para combatir la plaga del caracol manzana.