La Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), que representa a la industria fitosanitaria en España, organizó una jornada para debatir sobre la importancia del principio de cautela, o precaución, en los procesos de toma de decisiones científicas en el ámbito europeo, y cómo su enfoque puede frenar la innovación en la investigación y registro de productos fitosanitarios.
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea introdujo este principio como una nueva dimensión a tener en cuenta en la gestión de riesgos para las autoridades europeas: en caso de que una determinada política o acción pudiera causar daños a las personas o al medio ambiente y no existiera consenso científico al respecto, la política o acción en cuestión debería abandonarse. Sin embargo, en el debate se incidió en que su ámbito de aplicación es mucho más amplio y se extiende a la política de los consumidores, a la legislación de la Unión Europea relativa a los alimentos, a la salud humana, animal y vegetal. “Debemos evitar la demagogia y leer y estudiar los informes científicos. El principio de cautela está siendo una traba para la innovación en Europa. Con la verdad y la ciencia, llegaremos a todos los sitios”, aseguró la europarlamentaria Clara Aguilera, que pidió “respetar el trabajo científico que hay detrás de cada evaluación de una sustancia, así como el que realizan las instituciones evaluadoras EFSA (Agencia de Seguridad Alimentaria Europea) y ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas). No es posible cuestionarlo todo”.
“Sin perder la seguridad del proceso y el robusto fundamento científico, debemos adaptarlo de forma equilibrada a los nuevos objetivos y las nuevas necesidades para que Europa no se quede atrás. A ello debe responder el modelo regulatorio y el reparto competencial”, sugirió Susana del Río, miembro del Comité de Expertos Independientes de la Comisión Europea, en relación con el principio de cautela.
“La evaluación del riesgo de sustancias activas conlleva una ingente cantidad de trabajo de revisión de estudios y documentos por parte de la EFSA, organismo competente de la evaluación de productos fitosanitarios previa a su autorización. Se trata de un proceso en el que igualmente participan de manera activa los Estados miembros”, explicó Natalia Nogueira, consejera técnica de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El principio de cautela está siendo una traba para la innovación en Europa. Con la verdad y la ciencia, llegaremos a todos los sitios
En el debate se mencionó el cuestionamiento de la independencia de la EFSA por parte de grupos activistas. La ex europarlamentaria Pilar Ayuso, que fue ponente del Reglamento que obliga a publicar todos los informes científicos en los que se apoyan las decisiones europeas, insistió en que la agencia europea trabaja “con un rigor científico excelente y una gran transparencia. Se rechazan muchas propuestas de la Comisión Europea basadas en el mejor conocimiento científico”. Y en relación con el principio de cautela, señalaba que, “de haberse aplicado de la misma forma a las vacunas contra el COVID como se aplica a los fitosanitarios o medicinas de las plantas, los europeos estarían todavía sin vacunar”. En su opinión, los productos fitosanitarios deben ser evaluados y aprobados exclusivamente en base a su calificación científica.
Otro de los aspectos que se abordaron durante la jornada fue la controversia que de manera reiterada surge en torno a la renovación del proceso de autorización del glifosato. Precisamente, la especial sensibilidad que genera ha provocado el acortamiento de su plazo de renovación (diez años, hasta 2033). “Ha sido una iniciativa ciudadana europea la que ha puesto presión social en el proceso, generando además una sobrecarga de trabajo y recursos en la EFSA y los Estados miembros que no puede realizarse cada cinco años”, cuestionó Nogueira. “La iniciativa ciudadana se contempla en el Tratado para dar voz a la ciudadanía, pero la misma debe darse igualmente a la autoridad científica”, añadió del Río.
En relación con este acortamiento del plazo de renovación del glifosato, que conforme a lo establecido en la norma debería ser de quince años, AEPLA pide defender un marco normativo sólido y el criterio científico que fomente y no frene la innovación, “tan necesaria para lograr la sostenibilidad de la agricultura”. Carlos Palomar, director general de la asociación, defendió el papel que los productos fitosanitarios tienen en la agricultura y que ofrecen, “sin duda alguna, más beneficios que riesgos”. El acto organizado por AEPLA en Madrid y patrocinado por Bayer CropScience fue moderado por el periodista Pablo González Pinilla.
