El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL) y las empresas de la Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (AEFA) que trabajan en el desarrollo de productos fitosanitarios de origen biológico dan la voz de alarma: “es muy difícil luchar contra plagas y enfermedades que se pueden llevar por delante hasta el 40% de la producción de nuestros cultivos si la legislación sigue prohibiendo principios activos de síntesis y ralentizando la llegada al mercado de sustancias de biocontrol. Y lo va a ser mucho más en los próximos años si todo continúa igual”, advierten.
Ambas entidades reivindicaron una agilización de los trámites legislativos durante la jornada de clausura del IV Programa de Agronutrientes y Bioestimulantes AEFA-COIAL, gracias al cual, el sector de los bioestimulantes, nutrición especial y productos fitosanitarios de origen biológico lleva formando a ingenieros agrónomos en una disciplina que exige un altísimo grado de especialización, difícil de encontrar en el mercado actual. Gracias a este programa, una élite de ingenieros agrónomos se está incorporando a las empresas del sector que son pioneras a nivel mundial. “Las empresas que desarrollamos productos fitosanitarios de origen biológico llevamos 25 años con el mismo problema: la falta de normativas adecuadas para nuestras actividades. La legislación española ha de modificarse para permitir el uso de diferentes tipos de bioestimulantes, al igual que la UE ha de cambiar el Reglamento 1107, que regula los productos fitosanitarios. El mercado necesita nuevos productos de biocontrol como alternativa para reemplazar la amplia gama de productos fitosanitarios que se utilizaban hasta ahora, muchos de los cuales se están prohibiendo”, lamenta Pedro Peleato, presidente de AEFA, asociación integrada por 59 empresas españolas.
Las dificultades en los procesos de registro imponen una serie de restricciones que “son poco coherentes con el origen biológico de las soluciones que se desarrollan”, lo que dificulta la introducción de alternativas en el mercado. En muchas ocasiones, el proceso para conseguir que un producto vea regulado su uso y pueda introducirse en el mercado es de hasta ocho años. “Es necesario que nos unamos y exijamos a las autoridades tanto nacionales como europeas que amplíen o modifiquen la línea de productos sostenibles de bajo riesgo o de biocontrol. Debemos promover prácticas agrícolas más sostenibles y no morir en el intento”, subraya Peleato.
La regulación europea para la Agenda 2030 exige reducir en un 50% el uso e impacto de productos fitosanitarios, en un escenario donde cada año se detectan nuevas plagas y enfermedades en el territorio de la UE. El decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante, Joaquim Aguilella, alerta sobre los plazos: “Si no se toma en serio ya la necesidad de agilizar los procedimientos y ampliar las posibilidades para que las tecnologías adecuadas puedan incorporarse al mercado nos encontraremos en una situación de ausencia de soluciones contra ciertas plagas y enfermedades. Y esto no es una cosa que vaya a repercutir sólo en los agricultores, sino que va encarecer todavía más la cesta de la compra y que nuestra alimentación acabe dependiendo de terceros”.
Según asevera Aguilella, “los ingenieros agrónomos no estamos en contra de que se avance en las restricciones de productos de síntesis si están justificadas científicamente y que cada vez sea mayor el control de su uso de todos ellos, pero sí estamos totalmente en contra de que no haya reciprocidad; es decir, que no se impongan las mismas restricciones a los países que importan sus producciones a Europa, y también estamos en contra de que no se facilite el desarrollo de soluciones biotecnológicas alternativas. No podemos ser el perro del hortelano, que ni come ni deja comer”.
No podemos ser el perro del hortelano, que ni come ni deja comer
Por otra parte, el decano del COIAL destaca que las empresas del sector “están comprometidas con la investigación y el desarrollo, pero los procesos deben ser económicamente y técnicamente viables. En la actualidad, los costos son prácticamente inabordables, pero si se demandan productos sustitutos con menor impacto, es responsabilidad de las autoridades proporcionar los medios necesarios. Es fundamental establecer procedimientos más ágiles”.
Aguilella ha hecho un llamamiento para proteger también a las empresas españolas, “que han llegado hasta donde están por méritos propios. Tenemos un sector que es puntero a nivel mundial, que ha acometido grandes inversiones y que cuenta con grandes especialistas”. Y ha reivindicado el papel de los ingenieros agrónomos en este logro: “Estamos detrás de esta industria, nuestro papel va desde de la investigación para desarrollar estas soluciones al asesoramiento en la explotación, pasando por proyectar la producción a gran escala mediante complejísimos procesos industriales”. Para Aguilella, “poner en peligro todo este conocimiento, que proporciona a la sociedad herramientas para producir alimentos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, merece legisladores que estén a la altura”
