Un estudio técnico de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) cifra en más de 24 millones de euros las pérdidas que sufrirán los productores valencianos de caqui en la presente campaña debido a problemas fitosanitarios. La asociación apunta directamente a la supresión de la materia activa metil clorpirifos y a la falta de alternativas suficientemente eficaces frente a la elevada incidencia de plagas como cotonets y moscas blancas.

Según este estudio, el volumen total de frutas desperdiciadas en campo alcanzará las 80.000 toneladas, lo que supone un incremento del 30% respecto a la campaña anterior. A esas previsiones añade la pérdida de empleo y el impacto económico derivados en los almacenes de confección, el transporte y los mercados de comercialización.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, advierte de que “la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el caqui está poniendo contra las cuerdas la viabilidad presente y futura de un cultivo que en lo que llevamos de siglo XXI se ha erigido en un pilar de la agricultura valenciana. Todo el sector hortofrutícola español había reclamado a las administraciones que no prohibieran el metil clorpirifos sin dotar antes a los agricultores de otros métodos de lucha igualmente eficaces. No hicieron caso y ahora, al igual que ha ocurrido con los cítricos y otras frutas, se ven las consecuencias en el caso del caqui: un aumento de tratamientos fitosanitarios que no han evitado frenar los ataques de plagas, un aumento del desperdicio alimentario, una pérdida de competitividad y una degradación medioambiental. Por no escuchar al sector y guiarse por postulados ideológicos, la clase política europea está consiguiendo el efecto contrario de lo que pregona”.

AVA-ASAJA ha enviado un escrito a la consellera de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Mireia Mollà, para solicitarle su máxima implicación a la hora de ponderar a pie de campo y con carácter oficial la magnitud de este problema; aprobar dentro de sus competencias y reclamar al Gobierno central indemnizaciones y medidas fiscales, como el módulo cero para la declaración de la renta de este año; así como trabajar en aras de facilitar al sector una serie suficiente de productos fitosanitarios y biológicos que “sean verdaderamente efectivos para combatir las plagas que diezman las producciones”.