Los agricultores están asumiendo los sobrecostes de aplicar todas las medidas sanitarias impuestas en el campo por la covid para no trasladarlos al precio final del producto, según un análisis realizado por Fundación Ingenio, que agrupa a más de 10.000 agricultores y 45 empresas, cooperativas y explotaciones familiares del Campo de Cartagena, en Murcia.
En muchos casos, se trata del cien por cien de los sobrecostes, pero los agricultores alertan de que es una situación insostenible en el tiempo por el fuerte impacto que ha generado en el campo y la pérdida de productividad. Por ello, solicitan ayuda a las administraciones para hacer frente a estos gastos adicionales. “No queremos que repercuta en el precio final, pero no podemos solos”, lamenta la dueña de una pequeña explotación agraria familiar. “Si no se toman medidas, el año que viene los precios pueden subir hasta un 50% y eso sí repercutirá en el consumidor final”, explica otro agricultor a la Fundación Ingenio.
En algunos casos, estos sobrecostes ascienden a más del 30% del precio de producción. “En la última campaña de marzo a noviembre, las medidas adoptadas representan 35.000 euros extra”, señala el propietario de una de las cooperativas. Otras empresas suben esa horquilla de gastos adicionales hasta los 100.000 euros.
Los agricultores han asumido “plenamente” todas las medidas de seguridad sanitaria y los protocolos de lucha contra la pandemia, aunque lamentan la “volatilidad” de algunas de las medidas exigidas por las autoridades. Incluso fueron de los primeros en adoptar medidas de protección, “antes incluso de que fueran obligatorias”, señalan varias cooperativas. “Somos un sector esencial, hemos adoptado todas las medidas sanitarias necesarias para que nuestros productos sean de la máxima seguridad y seguiremos haciéndolo”, asegura otro propietario en la información recabada por la Fundación Ingenio.
Reparto de mascarillas y guantes entre los trabajadores, dispensadores de gel hidroalcohólico, colocación de mamparas de seguridad, duplicar puestos o realización de pruebas serológicas y PCRs a los trabajadores son algunas de las medidas adoptadas. “Ante un positivo es necesario testear a todo el personal y como las pruebas tardan tanto tiempo en tener los resultados, nos vemos obligados a contratar más personal o acudir a centros privados para no paralizar la producción”, explica la propietaria de una cooperativa. También han tenido que realizar otras actuaciones, como readecuar las instalaciones, aumentar las medidas de desinfección en almacenes y locales, reestructurar espacios para que los trabajadores mantengan la distancia de seguridad o implementar charlas de capacitación al personal para asegurar la correcta implementación de todas las medidas.
