El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha recogido en Luxemburgo el testigo de Suecia para presidir el Consejo de la Unión Europea, que empezará este sábado, 1 de julio. El ministro sueco de Asuntos Rurales, Peter Kullgren, ha entregado la Presidencia del Consejo a España, tras finalizar el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca.

El ministro hizo referencia a algunas de las grandes estrategias del Gobierno de España para el próximo semestre, como la autonomía estratégica abierta, que tiene un pilar agroalimentario fundamental, así como la transición ecológica y la adaptación medioambiental, que forma parte de todos los debates sobre agricultura, ganadería y pesca.

Es la quinta vez que España ostenta la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, y durante los próximos meses trabajará para garantizar un equilibrio entre la seguridad alimentaria y el impacto medioambiental, económico y social. En materia de agricultura, las prioridades se centrarán en impulsar y promover las nuevas tecnologías en el sector agroalimentario, garantizar la seguridad alimentaria, la protección de la salud y del medio ambiente, impulsar la Política Agraria Común (PAC), así como dar más visibilidad al mundo rural.

Además de los Consejos de Ministros previstos en Bruselas y Luxemburgo, hasta el 31 de diciembre, hay programados encuentros y reuniones en diferentes ciudades españolas que se centrarán, entre otros temas, en la sanidad y bienestar animal, la producción ecológica, el impulso de las zonas rurales, caza, seguros agrarios y sanidad vegetal. En septiembre, España celebrará una reunión informal en Córdoba para abordar las nuevas tecnologías de edición genética como herramientas para una agricultura más resiliente frente al cambio climático.

Fondos europeos frente a la sequía

Planas mostró su satisfacción a la salida del Consejo de Ministros tras confirmarse que España va a recibir fondos de la reserva de crisis de la UE para los agricultores y ganaderos afectados por la sequía y las altas temperaturas. Los productores españoles también van a poder beneficiarse de una serie de flexibilizaciones de las condiciones recogidas en el Plan Estratégico español de la nueva Política Agraria Común (PAC), que entró en vigor el pasado 1 de enero.

La Comisión Europea ha anunciado la movilización de 330 millones de euros provenientes de la reserva agrícola de crisis en el marco de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA) y que beneficia a 22 países. De esa cantidad, ha propuesto que 81 millones se destinen a los agricultores y ganaderos de España, después de la petición realizada por el ministro al comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, el pasado 24 de abril. La propuesta será sometida a votación, previsiblemente, el próximo 10 de julio.

La Comisión ha activado 330 millones de euros de la reserva agrícola, de los que 81 millones irán destinados a España

Esa cifra es la de mayor cuantía para un país comunitario de la reserva agrícola, en este caso, para compensar parte de los efectos de la falta de precipitaciones y altas temperaturas en la ganadería y los cultivos españoles. En concreto, los sectores más afectados, además del ganadero, son el de frutas y hortalizas, el vitivinícola, el de los cereales y el de las oleaginosas, porque en ellos las pérdidas económicas pueden repercutir en la viabilidad de los productores y de las explotaciones.

La Comisión también ha aceptado otra de las peticiones de España: el incremento, hasta el 70% de total, del anticipo de los pagos directos de las ayudas de la PAC que se realiza a partir de octubre, y hasta el 85% de los anticipos de las ayudas concedidas en el marco de desarrollo rural. Para agilizar su desembolso, ha dado el visto bueno a que sea posible efectuar el pago de los anticipos -en el caso de las ayudas directas para la solicitud única de 2023- sin que se hayan finalizado los controles sobre el terreno.

El Ejecutivo comunitario ha elevado además dos propuestas de reglamento con medidas de emergencia temporales que establecen excepciones para las ayudas de la PAC en beneficio de las actividades hortofrutícola y vitivinícola. bEntre las flexibilidades propuestas en la ayuda comunitaria para los programas operativos (PO) de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH), se incluyen la eliminación de las restricciones en el uso de los fondos para las medidas de prevención y gestión de crisis, el aumento hasta el 60% en el nivel de financiación comunitario, la introducción de facilidades para la modificación de PO y la posibilidad de hacer el cálculo del valor de la producción comercializada sobre una media de tres años de cinco, para así poder eliminar aquellas temporadas de volúmenes inferiores.

Para el sector vitivinícola de las zonas afectadas por la sequía, Bruselas ha dado luz verde a la petición española, en el marco de reestructuración y reconversión de viñedo, para flexibilizar los requisitos exigidos para la transición entre el programa de apoyo y la intervención sectorial contenida en el Plan Estratégico español para la PAC 2023-2027. También ha autorizado el aplazamiento de la vigencia de las autorizaciones de nueva plantación y replantación de viñedo que caduquen este año, con el fin de que puedan ser utilizadas en la campaña siguiente.

El ministro ha sumado el apoyo de España a la propuesta de Letonia para que Bruselas permita excepciones en la aplicación de la PAC cuando se produzcan episodios meteorológicos adversos extremos que incidan en la actividad agraria y ganadera. A su juicio, “los planes estratégicos deben contener la flexibilidad para que los Estados miembro podamos, dentro de nuestros objetivos, llevar a cabo estas flexibilidades, lógicamente, dentro de los reglamentos comunitarios”.