A nivel internacional, y gracias a iniciativas públicas y privadas, hemos presenciado desde hace varios años un interés cada vez mayor por los hábitos alimenticios saludables. La obesidad y el sobrepeso afectan a una gran parte de la población mundial y muestran una tendencia creciente. Por estas razones, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo de, al menos, 400 g diarios de frutas y hortalizas, ya que su bajo consumo está considerado como un factor de riesgo de numerosas enfermedades no transmisibles. El 31 % de las enfermedades cardiovasculares, según estudios realizados por la DG SANCO de la Comisión Europea, es atribuible al inadecuado consumo de frutas y hortalizas junto a una insuficiente actividad física y a una alimentación con exceso de grasas e hidratos de carbono.
He aquí, por tanto, la necesidad de seguir una alimentación variada, como la dieta mediterránea, compuesta principalmente por cereales, pescado, aceite de oliva virgen extra, así como frutas y hortalizas. Este modelo alimentario es considerado, a día de hoy, como el mejor existente.
Por tanto, es necesario impulsar el consumo de frutas y hortalizas haciendo hincapié en las propiedades nutricionales de estos alimentos, pero sin olvidarse de los modelos productivos existentes, ya que el sistema de cultivo debe proporcionar un valor añadido que minimice los riesgos para la salud del consumidor y que a la vez ensalce las propiedades saludables y organolépticas de las frutas y hortalizas.
El consumidor exige cada vez mayores garantías sanitarias y dirige su elección hacia aquellos alimentos que ofrezcan un alto grado de seguridad alimentaria (salud e higiene), calidad (organoléptica, sensorial y nutricional), presencia nula o limitada de OGM, de residuos fitosanitarios o de nitratos y que estén obtenidos mediante técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente. Para satisfacer todas estas exigencias, el sector hortofrutícola inició hace años, un proceso de mejora y racionalización de las técnicas de cultivo, que le han llevado a la definición de las denominadas prácticas de bajo impacto ambiental, de las que también forma parte la Producción Integrada (PI). La PI representa una herramienta de trabajo para el sector, mediante el desarrollo e implementación de técnicas de cultivo. Se trata de de un sistema de reglas, definidas en las denominadas Normas Técnicas de Producción Integrada (NTPI) que son específicas para cada cultivo y que se aplican durante las diferentes fases, incluyendo la producción en campo, la manipulación y la transformación, caracterizadas por su bajo impacto ambiental.
Según un estudio estadístico realizado por la Asociación de las Regiones Europeas productoras de Frutas, Legumbre y Hortalizas (AREFLH) en algunas de sus 27 regiones asociadas, la PI se encuentra ampliamente representada y cuenta con más de 350.000 ha, con cantidades de superficie muy significativas sobre todo en España (supera las 260.000 ha), en Italia (cerca de 100.000) y en Francia (cerca de 20.000).
Los principios que se observan en cada uno de los diversos Estados miembro, aunque siendo diferentes, resultan de total confianza.
Se han previsto, de hecho, estrictos criterios para la elección de las materias activas autorizadas para las diferentes etapas de control fitosanitario. En el caso de Francia se han redefinido en la "Charte nationale pomme et poire", en Italia conforme a la Decisión CE n.C(96) 3864, mientras que en España ha sido mediante el Real Decreto 1202/2002.
En algunas regiones y para determinados cultivos, el uso racional y reglamentado de productos fitosanitarios se ha reducido cerca de un 30%, lo que representa un beneficio directo para los ecosistemas.
Todos los tratamientos y prácticas culturales que se realizan son puntualmente registrados y anotados en los cuadernos de campo, bien sea sobre papel o en soporte informático, estando siempre disponibles para verificar el cumplimiento de las NTPI. Este sistema también es utilizado para la aplicación del Reglamento CE 852/04, que comprende parte del denominado "paquete higiénico", que introduce, en el sector de la producción primaria, la obligación de realizar autocontroles. De hecho, algunas instituciones han añadido algunos apartados a las normas técnicas de Producción Integrada para verificar el cumplimiento de dicho reglamento de tal modo que se incluyen en los listados de verificación utilizados para realizar los controles.
La PI se enfrenta, no obstante a algunas dificultades:
- la percepción negativa, para los consumidores, que representa la detección de residuos fitosanitarios sobre productos hortofrutícolas.
- el proceso comunitario de revisión de materias activas.
- las múltiples y variadas exigencias de la gran distribución.
La PI recurre al empleo de sustancias químicas, sobre todo durante la fase de protección fitosanitaria, siempre de forma totalmente regulada tal y como hemos señalado anteriormente.
Tanto en el imaginario colectivo como en lo percibido por la opinión pública surgen, sin embargo, dudas y preocupaciones razonables, alimentadas en algunas ocasiones por la falta de información.
Esta reacción es comprensible una vez analizados los informes relativos a los controles oficiales en busca residuos fitosanitarios. En Italia, según el Ministerio de la Salud los resultados referidos al 2006 muestran una situación de clara seguridad para la producción hortofrutícola italiana. Sobre más de 6.000 muestras analizadas el 65,8% han resultado negativas, mientras que el 32,7% han presentado trazas pero dentro de los límites admitidos por la ley y, por último, sólo el 1,5% de las muestras han mostrado resultados superiores a los permitidos.
Es importante destacar que la utilización de las materias activas (m.a.) presentes en los productos comerciales está regulada por la autoridad competente, en Italia por el Ministerio de la Salud. Esta reglamentación afecta tanto al uso (m.a. / cultivo) al que los agricultores deben ajustarse, como al límite máximo admitido de residuos (LMR). El LMR indica la concentración máxima admisible de residuos fitosanitarios en o sobre los alimentos y esto es lo que verdaderamente interesa al consumidor.
Esta concentración está relacionada directamente con el concepto de Buenas Prácticas Agrícolas y consiste en el mínimo nivel de exposición necesario para proteger a los sujetos vulnerables y expresa un valor límite inferior a 100 veces el umbral mínimo de riesgo de intoxicación. Actualmente, a nivel comunitario la DG SANCO, ha intentado iniciar un proceso de revisión de materias activas. Este proceso afectará tanto a los LMR (la denominada armonización - Norma 91/414/CEE y propuesta de Reg. Com. 388/2006) como a las autorizaciones de uso de materias activas una vez revalidadas en aplicación del Reg. CE 396/2005.
La revisión es un paso fundamental para el futuro de la PI. Se ha introducido un nuevo método de aprobación de moléculas basado en su peligrosidad potencial y no sobre su empleo efectivo (dosis/ha). La PI y sus criterios de validación de materias activas autorizadas están alineados con las nuevas normas exigidas por la legislación europea, ya que excluye o limita claramente los productos clasificados como tóxicos (T), muy tóxicos (T+) y nocivos (Xn) y los señalizados con advertencias de peligrosidad por toxicidad crónica.
Pero aunque se disponga de unas normas estrictas de referencia y se actúe coherentemente en los nuevos criterios de validación de materias activas, no es una garantía suficiente para la PI frente a las cada vez más restrictivas exigencias de la gran distribución. En efecto, la gran distribución de la moderna GDO, sea en Europa o en el resto del mundo, ha adquirido una posición de dominio frente a las empresas productoras y, por tanto, a los proveedores cada vez se les imponen nuevos estándares de producción (GlobalGap, BRC, IFS, Nature?s Choice, etcétera). Algunos de los puntos de control que estos protocolos imponen no se fundamentan en criterios agronómicos ni sanitarios. Establecer un nivel de residuos sobre el producto no superior a 1/3 del LMR no toma en consideración el hecho que los LMR son fijados por ley y se calculan para garantizar la seguridad de los consumidores. Limitar la presencia de materias activas (de 3 a 5) sobre un único cultivo quebranta uno de los principios de la PI, basado en la rotación de materias activas para evitar la acumulación de residuos y las resistencias de plagas y enfermedades. Un primer paso, sería solicitar la revisión de algunos conceptos que no están basados en estudios científicos rigurosos, ya que puede ponerse en peligro la demanda de frutas y hortalizas en Europa así como la propia economía del sector hortofrutícola, ya que bajo determinadas circunstancias resulta complejo producir.
Pero la virtud ambiental y de seguridad alimentaria de la PI esta relacionada también con otros conceptos.
Es importante recordar que mediante las normas de PI se han definido otros apartados del proceso de producción como la fertilización y el riego. Para la fertilización, la PI apuesta por una gestión racional de los aportes de tres macroelementos mediante el cálculo de su balance nutricional (extracciones del cultivo y aportes útiles disponibles en el suelo). De este modo se consigue, una disminución en el uso de fertilizantes y un menor consumo energético así como la reducción de los gastos de la empresa.
La correcta gestión de los recursos hídricos se presenta como un tema de rabiosa actualidad, considerando que durante estos últimos años cada vez parece más evidente el denominado cambio climático. En estas circunstancias, el ahorro de agua en la agricultura, que por sí sola absorbe el 66% del agua disponible, es un camino que obligatoriamente debe tomarse para poder continuar produciendo alimentos de calidad. Las producciones hortofrutícolas, sobre todo aquellas que consumen más agua, están más expuestas a las restricciones teniendo en cuenta las crecientes necesidades de agua de la población urbana y de otros sectores económicos.
En las normas técnicas de PI se ha previsto el uso racional del agua basado en su cálculo exacto y programado, utilizando sistemas de riego de alta eficiencia. Por toda esta serie de razones, AREFLH, recogiendo las demandas de las Organizaciones de productores del sector hortofrutícola, ha promovido y analizado con sus propios grupos de trabajo el problema que representa un deficiente marco normativo de referencia en PI, con la intención de ordenar y refundir todas las directrices técnicas que cada uno de los países aplica.
El trabajo desarrollado está basado en las normativas ya existentes en materia fitosanitaria, suscitando la atención de la gran distribución, ha permitido la puesta a punto de un proyecto de Norma Técnica de Producción Integrada con el principal objetivo de conseguir por fin el reconocimiento de la UE y garantizar una mayor homogeneidad en su aplicación.
El documento final, ya se ha presentado a los servicios competentes de la Comisión, incluye un conjunto de Normas Técnicas articuladas en un conjunto de criterios certificables y transferibles operativamente para cada una de las áreas productivas, teniendo en consideración sus respectivas especificidades.
La Producción Integrada requiere de un documento normativo que en el momento que esté debidamente articulado, dé respuesta a todas las exigencias de la Comunidad Europea mediante la aprobación de reglamentos comunitarios específicos para cada sector hortofrutícola con apartados específicos que garanticen la protección del medio ambiente y la seguridad de los consumidores.
Como conclusión final, este proyecto pretende que la Producción Integrada esté cada vez más presente en las regiones de Europa donde la producción hortofrutícola es mas significativa (España, Francia e Italia), según los criterios generales definidos por ARELFH.
De esta manera, será posible la revalorización y se incrementarán las garantías que distinguen a la PI, considerando todos los esfuerzos que el sector hortofrutícola está realizando para alcanzar el reconocimiento comunitario.
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