Desde los años 90, el sector de frutas y hortalizas ha desarrollado activamente prácticas agrícolas sostenibles, en respuesta a los requisitos que, tanto a través de la legislación como de las especificaciones de los comercializadores, han establecido los consumidores.

A pesar de los esfuerzos cada vez mayores en el ámbito de la Protección Integrada de Cultivos y dados los efectos desastrosos de los escándalos alimenticios de los años 90 sobre la confianza de los consumidores en la legislación sobre los alimentos, en los últimos años se han desarrollado campañas de ONGs contra la legislación y contra algunas de las prácticas de la producción, lo que ha impulsado a los comercializadores a adoptar requisitos más estrictos en relación con el uso de los productos fitosanitarios y sus residuos. Los productores se han encontrado rápidamente con requisitos adicionales impuestos por los comercializadores, requisitos que, a menudo, son mucho más estrictos que los legales. Las listas de sustancias prohibidas en el Reino Unido o los Límites Máximos de Residuos (LMRs) no legales en Alemania y en Holanda, por ejemplo, suponen nuevos desafíos e introducen nuevas normas cada vez más difíciles de cumplir y eliminan los efectos positivos de la armonización de los LMRs en la Unión Europea.

Hoy en día, la falta de armonización continúa siendo una preocupación importante, un foco de confusión en la cadena y podría lamentarse que la seguridad alimentaria se hubiese convertido en un instrumento de competencia comercial entre los comercializadores, cuando debería ser un pre-requisito. La UE y sus estados miembros necesitan reforzar su credibilidad y asegurar la confianza del consumidor en las normas de seguridad adoptadas por la legislación.

Simultáneamente, cuestiones como el cambio climático y las condiciones sociales han ascendido puestos en la lista de las preocupaciones de los consumidores, y los comercializadores han debido incluirlas en sus actividades. Los comercializadores del Reino Unido han mostrado activamente sus credenciales verdes y sociales, pero los de la Europa continental les están siguiendo rápidamente.

Independientemente de si el etiquetado sobre el carbono (ya aplicado o en proceso de prueba por varios comercializadores de la UE) se extienda o no, nuestra industria deberá contribuir activamente a disminuir las emisiones de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena de suministro de frutas y hortalizas.

El uso del agua está siendo cada vez más vigilado por ONGs y mientras, en conjunto, el sector de frutas y hortalizas se comporta de forma adecuada, hay que identificar las cuestiones problemáticas y resolverlas. Indudablemente, los requisitos medioambientales de los comercializadores europeos aumentarán, ya que la UE espera que los comercializadores (en su papel de guardianes de los consumidores) se responsabilicen y estimulen el consumo sostenible.

Mientras los requisitos sociales se han convertido en comunes en un determinado y pequeño segmento de nuestra industria, las recientes campañas de las ONGs en otros productos han hecho que los comercializadores evalúen las estrategias de sus suministradores y generalicen los conceptos de los requisitos sociales a otras categorías de productos y orígenes.

Todas estas cuestiones demuestran el valor añadido potencial de la Producción Integrada (PI), más allá de la Protección Integrada. Por ello, la necesidad de una definición común de la PI es cada vez más importante, ya que el desarrollo sostenible ocupa un lugar cada vez más preeminente en la agenda política y las autoridades públicas promueven el consumo de los "productos verdes", incluso con una discriminación positiva. El plan de acción de la UE, recientemente lanzado, sobre producción y consumos sostenibles ya proporciona un claro ejemplo, a través de sus directrices para el suministro de alimentos para el público verde, particularizando especialmente el caso de las frutas frescas, las hortalizas y el pescado. Si, además de la agricultura ecológica, la PI quiere beneficiarse de estos desarrollos, ¡hay realizar acciones para identificar una línea base común! Sin embargo, la experiencia de las directrices de la agricultura ecológica en la UE demuestra que el enfoque legislativo no es necesariamente el preferible.

Los comercializadores han desarrollado diferentes estrategias para responder a los desafíos mencionados. El sector de frutas y hortalizas continúa trabajando activamente para ello y busca soluciones que sean rápidas de aplicar, transparentes, de coste adecuado y, tanto como sea posible, armonizadas.