La Comisión Europea no quiere que se repitan en Alicante los mismos errores que favorecieron la dispersión de la Xylella en el sur de Italia y reclama mayor celeridad en la aplicación de las medidas de erradicación en la zona demarcada. El principal escollo son los numerosos recursos de alzada y recursos contencioso administrativos presentados por ayuntamientos y propietarios de las parcelas afectadas, pero la sentencia reciente de un juzgado de Alicante favorable a la Conselleria de Agricultura, que desestima un recurso interpuesto por el alcalde de Guadalest, podría servir de precedente para allanar el camino.

 La Dirección General de Seguridad Alimentaria ha hecho público el informe final de la auditoría que realizó en abril para evaluar la situación y los controles de Xylella fastidiosa en España. Aunque en el brote de Alicante reconoce progresos respecto a la auditoría realizada en 2018, insiste en la importancia de agilizar las medidas de erradicación.

El informe señala que, aunque se han arrancado numerosos árboles en la zona infectada que se estableció en 2017, el “retraso y la parcialidad” en la aplicación de esta medida, en el perímetro de 100 metros en torno a los casos positivos, favorecen la dispersión de la enfermedad. Asimismo, reconoce los esfuerzos significativos para monitorizar la presencia de Xylella en la zona demarcada, pero advierte de que no existe información completa disponible sobre la propagación y el espectro de hospedadores del patógeno en la región.

Los responsables autonómicos han respondido a las recomendaciones del informe explicando que se ha contratado más personal para la realización de las actividades de prospección para la campaña 2019, lo que permitirá incrementar las prospecciones en la zona demarcada y en el primer kilómetro de la zona tampón. Además, técnicos de Sanidad Vegetal han mantenido varias reuniones con los alcaldes de los municipios incluidos en la zona demarcada solicitando su colaboración para acelerar la destrucción de árboles y plantas. La Conselleria de Agricultura confía en que la sentencia favorable al plan de erradicación, que desestima la demanda interpuesta por el alcalde de Guadalest, sirva de precedente para las sentencias de otros recursos interpuestos por los afectados, así como en lo referente a las autorizaciones de acceso a parcelas valladas para la eliminación de positivos. Hasta el momento, se han triturado 51.000 almendros y parte del sotobosque en terreno forestal en 2.075 parcelas.

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