Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pasó por el Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, celebrado en Sevilla, con un mensaje claro: hay que reducir al máximo la concesión de autorizaciones excepcionales de productos fitosanitarios.

En 2020, se utilizaron en España 8.613 toneladas de fitosanitarios prohibidos, más del doble que el año anterior (3.926 toneladas), gracias a las autorizaciones excepcionales concedidas por el propio ministerio. Los indicadores de riesgo armonizados surgen de la Directiva (UE) 2019/782 y sirven para medir la evolución en la reducción del impacto de los plaguicidas (hasta un 50% en 2030) propuesto por la estrategia europea De la granja a la mesa. “Podemos reducir el impacto sin necesariamente reducir el uso”, subrayó Almansa. Por lo tanto, no solo tienen en cuenta la cantidad de sustancias activas utilizadas, sino qué sustancias: las prohibidas penalizan mucho más en el cálculo de estos indicadores.

Por este motivo, a pesar de que en 2020 se incrementó un 250% el uso de sustancias de bajo riesgo, y se mantuvo estable la de los Grupos 2 (autorizadas) y 3 (autorizadas, pero candidatas a la sustitución), el aumento del uso de sustancias prohibidas, más penalizadas por el impacto en el medio ambiente y la salud de las personas, “nos está masacrando el indicador”, lamentó Almansa, y ensombrece el “magnífico trabajo” en el resto de categorías. “No tiene sentido que casi el 10% de la utilización de productos fitosanitarios en España sean productos prohibidos”, zanjó.

Gran parte del uso de las sustancias prohibidas está copado por el dicloropropeno y la cloropicrina, sustancias utilizadas para la desinfección de suelos en numerosos cultivos y muy eficaces frente a nematodos y hongos. El director general de Sanidad de la Producción Agraria defendió que el objetivo del uso sostenible de fitosanitarios “no es reducir en general el uso, sino controlar el abuso”, y puso de ejemplo el cultivo del arroz, que llegó a utilizar hasta quince autorizaciones excepcionales y el año pasado sólo tuvo una (el fungicida azoxystrobin para el control de Pyricularia oryzae), mientras se primaban otras estrategias como la siembra en seco o el uso de plantas para desplazar la pudenta Eysarcoris ventralis. “Eso es Gestión Integrada de Plagas, eso es el futuro. No se puede hacer de otra manera”.