La inquietud que está generando el contenido de la propuesta de Reglamento sobre el Uso Sostenible de Plaguicidas, que la Comisión Europea presentó en junio, se extiende entre los sectores afectados. Los últimos en alzar la voz han sido la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y el Comité de Gestión de Cítricos (CGC), que advierten de que la prohibición de aplicar fitosanitarios en las denominadas ‘zonas sensibles’ podría abarcar más del 30% de la superficie agraria útil de España, e incluso más del 80% en el caso de la Comunidad Valenciana, según estimaciones de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA) y AVA-ASAJA.

 La propuesta define como ‘zonas sensibles’ las zonas verdes abiertas al público en general (parques, campos deportivos, vía pública, etc.), zonas usadas mayoritariamente por grupos vulnerables, zonas verdes urbanas y zonas ecológicamente sensibles bajo la Directiva Marco de Agua, Natura 2000, Espacios Nacionales Protegidos y la nueva regulación de polinizadores (pendiente). Asimismo, con el fin de proteger el medio acuático, la UE baraja prohibir el uso de productos fitosanitarios en los alrededores de las aguas superficiales. Entre las áreas agrícolas más perjudicadas por ambas exclusiones destacarían los arrozales, las hortalizas al aire libre y bajo invernadero y los cítricos de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Andalucía (sobre todo Almería y Huelva) y Cataluña (Tarragona).

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, alerta de que “este borrador es un disparate imposible de aplicar que recrudecería aún más la falta de soluciones para combatir las plagas y enfermedades, multiplicaría los costes de producción y reduciría el rendimiento productivo. Si la normativa no da respuesta a las necesidades particulares de cada agricultura, habrá más abandono de campos, más despoblación en el medio rural, más incendios y más pérdida de ecosistemas como los humedales. Que esta barbaridad haya llegado a plantearse en la Comisión Europea deja entrever lo alejados que están nuestros políticos de la realidad. Y más en el actual contexto de guerra en el que nos encontramos, donde queda evidente la necesidad de garantizar la autosuficiencia alimentaria para no depender de países terceros”.

Por su parte, el CGC, cuyos asociados explotan en todo el país miles de hectáreas de cítricos, alerta que, de aplicarse así, tendría un impacto “enorme e inasumible” porque en poco tiempo las plagas se descontrolarían y tales restricciones degenerarían en un abandono de campos “masivo”, especialmente en la Comunidad Valenciana, en la que la práctica totalidad del área citrícola quedaría dentro de estas zonas sensibles. Así lo manifiesta la presidenta de la patronal que aglutina a los exportadores privados de cítricos, Inmaculada Sanfeliu, tras conocer al detalle el alcance de lo planteado por la Comisión.

El CGC no se opone “a seguir dando pasos en favor de una producción citrícola cada vez más sostenible” y recuerda que, de hecho, “sus empresas han venido cumpliendo la actual directiva y hoy ya aplican los principios de la gestión integrada de plagas”, que deja como último recurso la aplicación de productos de síntesis y prioriza los biológicos. En materia de producción y comercialización de mandarinas y naranjas, destaca que se han producido también grandes avances en los programas de ‘residuo cero’ (sin restos de plaguicidas). Sin embargo, para seguir avanzando en esta dirección, el CGC reclama que antes se tiene que garantizar al sector que las alternativas biológicas a los insecticidas, herbicidas o fungicidas convencionales sean eficaces y que los procesos para disponer de estas herramientas se agilicen. “La retirada del clorpirifos y metil-clorpirifos ha servido para evidenciar que la estrategia de lucha biológica aún tiene serias limitaciones. Hoy seguimos sufriendo pérdidas millonarias por plagas nuevas –como el cotonet de Sudáfrica- o por otras que hasta ahora manteníamos a raya –como la araña roja-. Y mientras tanto, las importaciones europeas de naranjas y mandarinas desde países terceros siguen presentando de forma masiva residuos –en casos como el de Turquía- de este plaguicida”, denuncia Sanfeliu.

El CGC –en consonancia con lo manifestado por la totalidad del sector hortofrutícola español- reitera que los cambios en esta materia deben de simultanearse con medidas que garanticen el cumplimiento del principio de reciprocidad; esto es, que la producción europea pueda concurrir al mercado comunitario y competir con las mismas condiciones que la importada desde países terceros. Cuestión que, más allá de aumentar los controles para tales frutas foráneas, pasaría por incorporar las llamadas ‘cláusulas espejo’ (como garantía para cumplir tal principio) a todos los acuerdos comerciales suscritos por la UE, como reclama el Gobierno de España.

De no ser así, el CGC teme que se cumplan “los augurios ya manifestados por los sucesivos estudios realizados para evaluar el impacto de la estrategia verde ‘De la granja a la mesa’. En todos los casos –tanto en el publicado por el departamento agrario de EEUU (USDA), el del Joint Research Centre de la UE u otros privados como el del HFFA Research, la Universidad de Kiel o la Universidad de Investigación de Wageningen- se concluye que su aplicación supondría caídas drásticas de la producción agroganadera de entre el 5% y el 15% -que en el caso de los cítricos españoles sería muy superior-; agravaría el déficit comercial de la UE en alimentos –más aún en frutas y hortalizas-; impactaría fuertemente sobre los precios –que subirían- y sobre las rentas de los productores –que caerían-… Y el objeto global perseguido –reducir la emisión de gases de efecto invernadero del sector primario- se vería rápidamente compensado por el aumento de los mismos en el resto del mundo”.