La estrategia de la Comisión Europea ‘De la granja a la mesa’, que entre otros objetivos aspira a reducir un 50% el uso de plaguicidas y aumentar la agricultura ecológica hasta el 25% de la producción total en 2030, ha superado la prueba del Parlamento Europeo. En la resolución aprobada, los eurodiputados instan a mejorar el proceso de aprobación de los plaguicidas y controlar mejor su utilización para proteger a los polinizadores y la biodiversidad, además de fijar unos objetivos vinculantes de reducción de su uso a través de sus planes estratégicos de la PAC.

En el texto, aprobado por 452 a favor, 170 en contra y 76 abstenciones, la Cámara señala que los objetivos de reducción de plaguicidas “son alcanzables”, pero su viabilidad depende de la disponibilidad de alternativas más seguras, eficaces y eficientes. Al respecto, hace hincapié en la necesidad de “establecer procedimientos acelerados de evaluación, autorización y registro de plaguicidas no químicos de bajo riesgo, garantizando al mismo tiempo que su evaluación aplique el mismo nivel de rigor que el de otras sustancias”, e invita a la Comisión a apoyar a los países “en la mejora de sus sistemas de supervisión, seguimiento y aplicación adecuada de las normas sobre el uso de plaguicidas, y a reforzar la comunicación con los usuarios finales y la sensibilización de estos”.

El PE  destaca el papel fundamental de la gestión integrada de plagas en la reducción de la dependencia de los plaguicidas, e insta a los Estados miembros a que conviertan sus principios generales “en criterios prácticos y medibles” e incluyan medidas y prácticas “bien definidas y adaptadas para cada cultivo, como las bandas florales, como base de referencia para revertir el uso de plaguicidas y la resistencia de las plagas”.

En el documento se considera que, “a pesar de que la Unión posee uno de los sistemas más estrictos del mundo, tanto el Reglamento sobre la aprobación de los plaguicidas en sí como su aplicación deben mejorar”, y subraya que el marco regulador debe fomentar la innovación y la investigación con el fin de desarrollar productos fitosanitarios y alternativas mejores y más seguros. Además de revisar la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas para reducir su uso y los riesgos asociados a los mismos, El Europarlamento especifica que “la Comisión, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) deben mejorar la evaluación del riesgo medioambiental de los productos fitosanitarios, también teniendo en cuenta los efectos de los plaguicidas en la calidad del agua del suelo y las fuentes de agua potable, incluidos los efectos acumulativos y sinérgicos”, e insta a la Comisión a que mejore los indicadores de riesgo armonizados para incluir también la toxicidad, la persistencia y la bioacumulación, y adopte “criterios científicos claros sobre lo que constituyen efectos inaceptables para el medio ambiente, tomando en consideración la exposición en la vida real (aguda y crónica) a múltiples productos fitosanitarios, incluidos los efectos acumulativos y sinérgicos”. El PE pide a la Comisión que presente su propuesta legislativa sobre los datos relativos a los plaguicidas a mediados de 2022.

Por último, respecto a las autorizaciones excepcional de fitosanitarios, acoge con satisfacción el papel de la EFSA en el estudio de estas excepciones y pide una aplicación correcta de la normativa, “incluido el requisito de que los Estados miembros faciliten unas explicaciones completas y detalladas, y que hagan públicas dichas notificaciones”.

Tras la votación, Herbert Dorfmann, ponente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, señaló que “la responsabilidad de logar que la agricultura sea más sostenible ha de ser compartida: por los agricultores y ganaderos, pero también por los consumidores. Nuestros agricultores y ganaderos hacen ya una gran labor; si les pedimos que reduzcan aún más el uso de plaguicidas, fertilizantes y antibióticos, tendremos que apoyarlos, o la producción acabará por desplazarse fuera de la Unión. Garantizar la disponibilidad de alimentos a precios razonables debe seguir siendo una prioridad”.

En España, en el año 2019 se detectó un repunte en la cantidad de productos fitosanitarios comercializados, lo que se tradujo en una subida del 2,8% ese año, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. No obstante, este mismo estudio apunta que en los últimos años se han disminuido progresivamente los riesgos en el uso de este tipo de plaguicidas y pesticidas. En España, esta reducción fue un 4% superior que la media de la UE.