El International Rice Forum VLC, organizado por AVA-ASAJA, congregó en Valencia al sector arrocero, que lamentó las crecientes limitaciones que impone la legislación europea en el uso de materias fitosanitarias y que dificultan la lucha contra las plagas y enfermedades del cultivo.

 

Desde 1993, el 68% de las sustancias activas existentes en el mercado han sido eliminadas y otras muchas se encuentran ahora mismo en el punto de mira o pendientes de autorizaciones excepcionales por parte de España, como el triciclazol contra el hongo Pyricularia oryzae o el propanil contra malas hierbas.

Precisamente, el foro se abrió con una mesa redonda sobre la insuficiencia de materias activas fitosanitarias en este cultivo en la que intervinieron José Francisco Sales, responsable de Servicios Técnicos de AVA-ASAJA; Carlos Palomar, director general de AEPLA; y Carlos Romero, subdirector adjunto de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Aunque plagas como la del ‘cucat’ del arroz (Chilo suppressalis Walker) se están consiguiendo controlar mediante métodos de confusión sexual en la Comunidad Valenciana, la incidencia de enfermedades fúngicas y de malas hierbas provoca importantes mermas en la producción de los arrozales valencianos. Como resumió Carlos Palomar, “nos hemos quedado con una sola familia de fungicidas, lo que hace muy difícil controlar las enfermedades sin desarrollar resistencias”.

Esta situación aboca al sector a solicitar autorizaciones excepcionales para utilizar determinados fitosanitarios. De las 340 aprobadas por el Ministerio en los últimos cinco años, 42 han sido en arroz. Para Carlos Romero, las autorizaciones excepcionales “son una solución coyuntural a un problema estructural. Se está haciendo un uso abusivo de este sistema”. Para Sales, “cuando se pide una autorización excepcional, es porque no queda más remedio; estamos ante un sistema perverso”.

Frente a la visión de la industria y los agricultores de culpar a la exigente y costosa normativa europea, el responsable del Ministerio señaló que son las propias empresas de fitosanitarios las que a menudo renuncian a solicitar y defender la renovación de un registro. Y citó como ejemplos la oxidiazona, sustancia activa no defendida y autorizada excepcionalmente todos los años desde 2015, o los herbicidas propanil, cuya solicitud de renovación fue retirada por la propia empresa, y molinato, que tampoco ha sido defendido por el fabricante. “Muchas soluciones están cayendo porque no las estamos defendiendo”, subrayó Romero.

Aunque Palomar reconoció que sería recomendable “tener más soluciones y no tener que recurrir a las autorizaciones excepcionales”, achacó esta circunstancia a los elevados costes que requiere registrar materias activas o renovar las ya existentes y reclamó un sistema que sea “acicate a la innovación” de las empresas, en lugar de obstáculo.

Los asistentes a este encuentro suscribieron un documento, bautizado ‘Manifiesto Valencia’, que incluye las principales reivindicaciones del colectivo europeo. En él reclama a las autoridades comunitarias que lleven a cabo “un replanteamiento general sobre la protección vegetal que se base en la aplicación de criterios estrictamente científicos antes de decretar la supresión de determinados productos por encima de visiones fuertemente ideologizadas y no siempre avaladas por la ciencia”. Paralelamente, exige “aligerar la pesada carga burocrática que empuja a muchas empresas a renunciar al registro de ciertos productos fitosanitarios”, así como armonizar las normativas de los distintos países comunitarios e impedir la entrada de arroz de países terceros tratado con productos que están prohibidos en Europa.

Otra reivindicación recogida en el ‘Manifiesto Valencia’ es la apuesta decidida por el desarrollo de nuevas variedades más productivas, adaptadas a las demandas del mercado y resistentes a enfermedades, contando con las nuevas técnicas de edición genética como el CRISPR. El documento también pide que la Comisión Europea apruebe un etiquetado obligatorio sobre el origen del arroz que se comercializa en los mercados comunitarios, tal como ya se ha legislado en el sector lácteo.