El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha solicitado a la Comisión Europea que habilite medidas de financiación alternativas, más allá de las ayudas de Estado o el uso de la reserva de crisis, para asegurar a los agricultores el abastecimiento necesario de fertilizantes a precios razonables, sobre todo, de cara a las siembras de la próxima primavera.
Los precios de los fertilizantes se han duplicado, e incluso triplicado, a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. “El alto coste ha provocado en España un menor uso de estos abonos, un 30% menos, en la sementera de este otoño frente a la anterior”, ha asegurado Planas, que ha asistido en Bruselas al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. La aplicación de nutrientes por debajo de las necesidades del cultivo incide en una menor productividad y, por tanto, en una reducción de las cosechas.
La guerra en Ucrania sigue afectando a los mercados, y aunque la continuidad del “Acuerdo de granos del Mar Negro” tiene efectos positivos -España es uno de los principales destinatarios de estas exportaciones por vía marítima-, Planas ha insistido a la Comisión en la conveniencia de poner sobre la mesa herramientas para aliviar los elevados costes a los que se enfrentan los agricultores y ganaderos que, junto con las inclemencias climáticas y el precio de la energía, son el origen del incremento de los precios de los alimentos en el ámbito comunitario.
El ministro ha mostrado su apoyo a la Comisión para que presente una propuesta para movilizar la reserva de crisis (450 millones de euros para 2023) y “ayudar a los agricultores en esta difícil situación de incremento de costes”. Ha señalado que, “aunque debe ser un instrumento de último recurso, ante situaciones como la presente, es necesario hacer uso de todas las herramientas disponibles”.
En el transcurso del consejo, también se ha presentado el informe sobre el reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios, propuesta legislativa que se prevé concluya durante la presidencia española, en la segunda mitad de 2023. Una mayoría de Estados miembros, entre ellos España, han solicitado la ampliación del informe de impacto, sobre todo en el contexto actual.
El estado de situación y retos de los planes estratégicos de la PAC ha sido otro de los puntos abordados. El ministro ha destacado que España cumplirá el calendario previsto y está en disposición de aplicar, el 1 de enero de 2023, la nueva PAC. Ha apuntado que en las próximas semanas se publicarán los diez decretos pendientes de los dieciocho que complementan el cuerpo normativo. Planas ha destacado que la entrada en vigor el próximo mes de la nueva PAC es un éxito colectivo, tanto del conjunto de la Unión por la aprobación de los tres reglamentos en junio de 2021 bajo presidencia portuguesa, como en el ámbito interno en el caso particular de un Estado descentralizado como España, donde la elaboración del plan estratégico nacional ha supuesto un gran reto técnico y político. El ministro ha asegurado que una de las lecciones que se extrae de este proceso es que “hace falta redoblar los esfuerzos en información y asesoramiento a agricultores y ganaderos, porque se trata de una PAC muy novedosa por los planes estratégicos y la orientación ambiental, y especialmente por la figura de los ecoesquemas”.
