Con el objetivo de incrementar la producción agrícola, la Comisión Europea ha propuesto prolongar a la campaña de 2023 la excepcionalidad a las normas de condicionalidad sobre diversificación y rotación de cultivos y sobre las tierras de barbecho de la Política Agraria Común.

A instancias de algunos Estados miembros, entre ellos España, la Comisión ha presentado una propuesta de reglamento con estas medidas excepcionales que afectan a dos de las denominadas Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), un conjunto de normas beneficiosas para el clima y el medio ambiente que deben cumplir los agricultores que reciben pagos de la PAC. Por un lado, se propone la derogación de la BCAM 7, en la que se regulan las prácticas de diversificación y rotación de cultivos.  Esto supondría que no sería obligatorio realizar dichas prácticas en 2023 para poder cobrar los pagos directos y determinadas ayudas de desarrollo rural de la PAC. Por otro lado, respecto a la norma incluida en la BCAM 8, que obliga a dedicar anualmente al menos un 4% de la tierra de cultivo a superficies y elementos no productivos incluido el barbecho, la excepción que propone la Comisión es que estas superficies de barbecho puedan ser cultivadas, siempre que no sea de maíz y soja.

Estas dos excepciones serán de aplicación voluntaria por parte de los Estados miembros. En el caso de España, ya había solicitado en varias ocasiones a la Comisión Europea la flexibilización de las normas tras la invasión rusa de Ucrania, que ha provocado un fuerte aumento de los precios de las materias primas y tiene un impacto en la oferta y la demanda de productos agrícolas a nivel mundial. En particular, la producción mundial de trigo está en riesgo tanto por el impacto en la oferta, derivado del tamaño de la participación de Ucrania y Rusia en los mercados de trigo, como por el impacto en los costos de los insumos, especialmente gas natural, fertilizantes nitrogenados y oxígeno.

La Comisión Europea estima que con esta medida se podrán poner en producción un total de 1,5 millones de hectáreas más en el conjunto de la Unión Europea. El impacto real de la medida dependerá de las decisiones que tomen para su aplicación los Estados miembros y las que posteriormente tomen los agricultores en el momento de realizar sus siembras.