La Comisión Europea ha presentado su propuesta de reglamento para reducir el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos en un 50% hasta 2030, uno de los principales objetivos de la estrategia De la granja a la mesa. La propuesta, que deberá ser examinada ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo, transformaría la directiva vigente en un reglamento que será directamente aplicable en todos los países de la Unión Europea, con lo que refuerza la normativa.

La Comisión alerta de que las normas vigentes de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas “han demostrado ser demasiado débiles y se han aplicado de forma desigual. De la misma manera, no se ha avanzado lo suficiente en el uso de la gestión integrada de plagas, ni en otros enfoques alternativos.  Los plaguicidas químicos perjudican la salud humana y reducen la biodiversidad en las zonas agrícolas. Contaminan el aire, el agua y el medio ambiente en general”.

La Comisión propone objetivos jurídicamente vinculantes para reducir la utilización y el riesgo de los plaguicidas químicos y el uso de los plaguicidas más peligrosos en los próximos ochos años. Los Estados miembros fijarán sus propios objetivos nacionales de reducción dentro de parámetros definidos para garantizar la consecución de los objetivos fijados a escala europea.

Las nuevas medidas deberán garantizar que todos los agricultores y otros usuarios profesionales de plaguicidas practiquen la gestión integrada de plagas (GIP), que prioriza los métodos ecológicos alternativos de prevención y control de plagas y deja el control químico como último recurso.  En este sentido, los países deben establecer normas específicas por cultivos que indiquen las alternativas a los plaguicidas químicos que han de utilizarse.

La Comisión quiere prohibir el uso de todos los plaguicidas en áreas verdes urbanas, así como en cualquier zona ecológicamente sensible por la presencia de polinizadores.

La propuesta transforma la directiva vigente en un Reglamento que será directamente aplicable en todos los Estados miembros. De este modo, se pretende ofrecer soluciones “a los problemas persistentes de aplicación deficiente y desigual de las normas vigentes en la última década”.  Los países deberán presentar a la Comisión informes anuales detallados de situación y ejecución.

En esta transición a sistemas de producción más sostenibles, la Comisión plantea un paquete de medidas para ayudar a los agricultores y usuarios, como nuevas normas de la política agrícola común para garantizar que los agricultores sean compensados por cualquier coste relacionado con la aplicación de las nuevas normas durante un período transitorio de cinco años; medidas más firmes para aumentar la variedad de alternativas biológicas y de bajo riesgo en el mercado; el apoyo a la investigación y el fomento de las nuevas tecnologías y técnicas, incluidas las englobadas en la agricultura de precisión, y un plan de acción ecológico para alcanzar los objetivos de la estrategia De la Granja a la Mesa en relación con los plaguicidas.

En consonancia con su política de uso sostenible de los plaguicidas, la Comisión propondrá pronto, por primera vez, una medida que dé continuidad a su compromiso de tener en cuenta las consideraciones medioambientales mundiales a la hora de decidir los límites máximos de residuos en los alimentos. Los alimentos importados que contengan residuos cuantificables de sustancias prohibidas no deberán, en el futuro, comercializarse en la UE. “Esto contribuirá a crear un círculo virtuoso y animará a terceros países a limitar o prohibir también el uso de esos plaguicidas que ya estarán prohibidos en la UE”, argumenta la Comisión, que, en concreto, tiene previsto consultar a los Estados miembros y a terceros países sobre una medida que reduzca a cero los residuos de tiametoxam y clotianidina, dos sustancias que contribuyen significativamente a la reducción mundial de los polinizadores y ya no están autorizadas en la UE. Cuando se apruebe el reglamento, los alimentos importados que contengan residuos cuantificables de esas dos sustancias podrán dejar de comercializarse en el mercado comunitario, una vez transcurridos los correspondientes períodos transitorios.

“Tenemos que reducir el uso de plaguicidas químicos para proteger nuestro suelo, nuestro aire y nuestros alimentos y, en última instancia, la salud de los ciudadanos. Por primera vez, prohibiremos el uso de plaguicidas en los parques públicos y en los parques infantiles, de manera que todos estemos mucho menos expuestos en nuestra vida cotidiana. La política agrícola común brindará apoyo económico a los agricultores para cubrir todos los costes de la nueva normativa durante un periodo de cinco años. Nadie se quedará atrás”, ha asegurado Stella Kyriakides, comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha valorado que la propuesta de reglamento presentada por la Comisión Europea se base en la evolución de los indicadores de riesgo armonizado con los que ya se vienen trabajando y que permita a los Estados miembros fijar sus propios objetivos de reducción, en base a criterios comunes, de manera que se tengan en cuenta sus propias particularidades y dar continuidad al trabajo realizado.

No obstante, el ministerio señala que existen aspectos de la propuesta que deben mejorarse en el procedimiento de tramitación en el seno del Consejo de la Unión Europea. Así, apunta que será necesario, por ejemplo, clarificar cómo se aplican determinados elementos. “Aunque se mantiene el enfoque iniciado por la Directiva de 2009, la propuesta es demasiado compleja, por lo que será necesario hacer un esfuerzo de simplificación de algunos aspectos”, reconoce en un comunicado.

“España participará activamente en el procedimiento de discusión y aprobación de esta tramitación de esta propuesta en el Consejo de Ministros de la UE y en el Parlamento Europeo para que su resultado permita mejorar la sostenibilidad de nuestras producciones agrarias, favorezca la rentabilidad de las explotaciones, y que nuestra agricultura mantenga la seguridad alimentaria para los ciudadanos”, ha asegurado el ministerio en dicho comunicado.