La Comisión Europea sigue reduciendo el número de sustancias activas disponibles para los agricultores. La última en caer ha sido el ipconazol, un fungicida sistémico de amplio espectro perteneciente al grupo de los triazoles, utilizado para el tratamiento de semillas y controlar enfermedades presentes en el suelo y en las semillas, como Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani y Sphacelotheca reiliana, entre otros hongos.

Según el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/939, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) llegó a la conclusión de que el uso del ipconazol implica un alto riesgo a largo plazo para las aves granívoras; posteriormente, el Comité de Evaluación del Riesgo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas adoptó un dictamen en el que llegaba a la conclusión, de que esta sustancia cumple los criterios para ser clasificado como tóxico para la reproducción de categoría 1B (datos procedentes de estudios con animales).

Tras analizar la información adicional aportada por la empresa solicitante de la autorización, la EFSA comunicó en febrero de 2022 que, “aunque los residuos de ipconazol en los alimentos están por debajo del valor por defecto de 0,01 mg/kg y, por tanto, se espera que la exposición alimentaria al ipconazol sea insignificante, existen incertidumbres sobre la exposición de los operarios y los trabajadores debido a las limitaciones de los estudios presentados. En particular, en el caso de los operarios, no se incluyeron en el estudio las mediciones de la exposición durante la limpieza del equipo, y la exposición durante el envasado se redujo al mínimo debido a un proceso altamente automatizado, limitando así la representatividad del estudio a la hora de tener en cuenta las prácticas de tratamiento de semillas comúnmente utilizadas en toda la Unión. Por lo tanto, el estudio tenía un uso limitado. Además, por lo que se refiere a los trabajadores, el estudio presentado tenía un valor limitado, ya que solamente incluía datos de dos trabajadores. Por añadidura, en el caso de uno de estos trabajadores, la exposición no podía considerarse insignificante, incluso teniendo en cuenta el uso de equipos de protección individual”. Los países deben retirar las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan ipconazol antes de septiembre de este año, aunque pueden conceder un período de gracia que expirará el 29 de febrero de 2024.

Esta retirada no tendrá la incidencia, ni mucho menos, que la prohibición de otras sustancias como el mancozeb. No es muy utilizada y pertenece al grupo de los triazoles, en el que existen numerosas alternativas. “Dentro de los triazoles, los agricultores van a seguir teniendo otros disponibles, por lo que esperemos que esta retirada no cause mucho impacto negativo. Dentro de los inhibidores de la biosíntesis de esterol en las membranas, los DMI y, entre ellos, los triazoles, son los más numerosos”, explica Dolores Fernández Ortuño, profesora del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.

La fitopatóloga, que es asesora científica del Comité de Acción contra Resistencias a Fungicidas (FRAC-España), sí advierte del riesgo, en general, de no reemplazar los fungicidas prohibidos por otras alternativas. “Todo lo que sea quitar fungicidas del mercado y no incorporar otros no es nada beneficioso para el manejo de resistencia a fungicidas. Es a lo que nos estamos enfrentando y llegará un día que, sin otras alternativas disponibles, se nos irá de las manos”. Ortuño participó recientemente en un estudio que confirmó las múltiples resistencias a fungicidas de Botrytis cinerea en cultivos hortícolas del sureste peninsular.