La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, Isaura Navarro, ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una prórroga hasta 2025 de la implementación del cuaderno digital de explotación agrícola. El CUE será obligatorio a partir de septiembre de este año en todas las explotaciones agrarias con más de 30 hectáreas de cultivos herbáceos, 10 hectáreas de leñosos y 5 hectáreas de regadíos; para el resto de las explotaciones, se implementará en julio de 2024. De cumplirse estos plazos, será el primer país en ponerlo en marcha.
En un escrito dirigido al ministro Luis Planas, Navarro ha reclamado una versión simplificada del cuaderno digital para los solicitantes de la ayuda a la PAC que tengan entre dos y diez hectáreas y, a su vez, la exención del uso del mismo para aquellos solicitantes que cuenten en total con menos de dos hectáreas, “para que las explotaciones de menor tamaño tengan más facilidades, sea más sencillo y con menos datos a cumplimentar”.
LA Unió Llauradora ha ido todavía más lejos que el gobierno autonómico y solicita que se aplace la entrada en vigor del CUE hasta 2028 para las pequeñas explotaciones. La organización agraria valenciana considera, tal y como le ha comunicado al ministerio, que la implantación del Cuaderno de Explotación Digital debería unificarse en toda la Unión Europea y “no pretender el Gobierno de España ser Quijote para ponerse la medalla de convertirse en el primero en ponerlo en marcha de todo el ámbito europeo, imponiendo más burocracia al sector y haciéndolo menos competitivo”.
La Unió reclama que los productos importados de países terceros tengan la obligación de hacer el Cuaderno de Explotación Digital para introducir sus producciones en los mercados de la Unión Europea. “La reciprocidad en materia agraria debería ser el eje de las políticas de la Comisión Europea, lo que a nosotros se nos exige debería resultar innegociable para las producciones de terceros países que quieran entrar a los mercados comunitarios”, reivindica Carles Peris, secretario general de La Unió.
La organización profesional agraria también solicita, previamente a la implantación de esta nueva obligación burocrática, ayudas para compensar el aumento de costes que supondrá adaptarse a la confección del CUE, entre ellas una partida para la formación de los jefes de explotación. “Las Administraciones deben ser sensibles y no ahogar más al sector, no puede ser que cada nueva normativa represente más burocracia, más trabas, más problemas y más sobrecostes, como si no tuviéramos suficiente con el precio que percibimos, con el cambio climático y con los brutales costes de producción que sufrimos”, lamenta Peris.
