El grupo de trabajo para el seguimiento de la sequía, convocado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha analizado las consecuencias de esta adversidad climática en el sector agrario y ha evaluado las medidas de apoyo puestas en marcha en marzo por el Gobierno para hacer frente a la situación y que están plenamente en vigor.

 En la reunión, a través de la Comisión Permanente de Adversidades Climáticas y Medioambientales (COPAC), han participado representantes de los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como de las comunidades autónomas, de comunidades de regantes, de las organizaciones profesionales agrarias y de cooperativas agroalimentarias. De los informes de seguimiento de la situación presentados por las distintas comunidades autónomas y organizaciones participantes se realizará una evaluación para estudiar las líneas a seguir.

 Con el Real Decreto-Ley 4/2022, de 15 de marzo, el Gobierno se anticipó en la aprobación de medidas de apoyo para mitigar esta situación de escasez hidrológica y sus consecuencias en la actividad agraria, después de la reunión de la Mesa de la Sequía celebrada el 4 de marzo. Estas medidas de orden fiscal, laboral, social, financiero e hidráulico implican a seis ministerios.

Tras participar en el grupo de trabajo de la Mesa de la Sequía, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha pedido la puesta en marcha de una política integral de protección de la agricultura y la ganadería frente a las adversidades climatológicas, que como demuestran los datos y la experiencia, son cada vez más graves. UPA ha reclamado en la reunión que se pongan en marcha “políticas valientes, con medidas a corto, medio y largo plazo”, como invertir en modernizar las infraestructuras hídricas existentes y en crear otras nuevas más resistentes a fenómenos meteorológicos extremos, como las lluvias torrenciales que, previsiblemente, podrían llegar en las próximas debido a la gran cantidad de calor acumulado en el Mediterráneo.

Otra de las propuestas de la organización agraria se centra en rebajar el precio del agua desalada, un recurso que cobra cada día más importancia, pero cuyos costes deben ser “asumibles” para los agricultores. Para garantizar el acceso al agua es necesario abaratar el acceso a la energía necesaria para bombear y hacer llegar dicho recurso a los cultivos, afirman. Para ello debe tenerse en cuenta lo que UPA denomina la “excepcionalidad agraria” y exige aplicar la doble tarifa eléctrica para los regantes.

UPA ha propuesto articular medidas de apoyo presupuestario y de carácter fiscal, además de las que ya se han puesto en marcha, como la reducción de los módulos del IRPF, con especial atención a las explotaciones de carácter familiar, “las que más apoyo necesitan y merecen”, aseguran. Asimismo, ha defendido que los regadíos españoles son sostenibles y ejemplares en el uso eficiente del agua, y ha reclamado “seguir investigando e invirtiendo en tecnología punta aplicada al riego. Está en juego el suministro de alimentos para toda la población”.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha reclamado la convocatoria de la Mesa Nacional de Sequía “al más alto nivel político” para impulsar nuevas medidas adicionales encaminadas a hacer frente a la situación actual, al tiempo que ha mostrado el descontento de la Junta por el resultado de la reunión de la comisión técnica de este órgano, que se ha correspondido únicamente con un “seguimiento de las medidas adaptadas en marzo”.

Crespo ha pedido “compromiso” al Estado ante la escasez de recursos hídricos que afecta a España y ha apuntado que, con una media de agua embalsada del 26%, Andalucía se encuentra en “una pertinaz sequía que requiere medidas más ágiles y contundentes”. Entre las reclamaciones de Andalucía, Crespo ha destacado la puesta en marcha de la doble tarifa eléctrica para los regantes, la bajada del IVA de los insumos que afectan a la actividad agraria, la bonificación del agua desalada a 0,30 euros y la utilización y reprogramación de los fondos Next Generation.

La consejera ha solicitado que se aumente la dotación destinada tanto a modernización del regadío como a obras hidráulicas para evitar que “territorios de España como Andalucía, que se encuentra al sur del sur, estén en desventaja”, y ha subrayado la necesidad de poner en marcha las obras hidráulicas declaradas de interés general del Estado que aún están pendientes en Andalucía, como las conducciones de Rules (Granada).