Los ministros de Agricultura de la Unión Europea, atendiendo a la invitación de la Comisión y de la Presidencia chipriota, se reunieron el pasado 7 de enero para definir las líneas maestras de lo que será la nueva estrategia de soberanía y seguridad alimentaria en un contexto de incertidumbre global. Allí se anunció el compromiso de impedir que productos importados de terceros países contengan residuos de fitosanitarios prohibidos en territorio comunitario. Esta medida responde a una demanda histórica del sector agroalimentario, que busca un terreno de juego equilibrado donde la exigencia normativa no se convierta en una desventaja competitiva frente a actores externos.

El núcleo de este compromiso se basa en el principio de que los residuos de los plaguicidas más peligrosos, cuya aplicación ya está prohibida en la UE, no deben permitirse en las importaciones bajo ninguna circunstancia. Para dar validez legal a esta postura, la Comisión ha propuesto una modificación del marco jurídico actual, conocida como el Ómnibus de seguridad alimentaria y de piensos, que permitirá denegar la entrada a cualquier cargamento que no cumpla con estas restricciones. Entre las acciones más inmediatas, destaca la tramitación de un reglamento que reducirá los límites máximos de residuos (LMR) al cero técnico para sustancias críticas como la carbendazima, el benomilo y el tiofanato-metilo. Esta normativa tendrá un impacto directo y preventivo en la entrada de productos específicos, especialmente en las importaciones de cítricos, mango y papaya, asegurando que los estándares de sanidad vegetal sean uniformes sin importar el origen de la mercancía.

Para que este blindaje sea efectivo y no se quede en una mera declaración de intenciones, Bruselas ha diseñado un ambicioso plan de vigilancia y control fronterizo. La Comisión tiene previsto incrementar en un 50% el número de auditorías realizadas en países de fuera de la UE y aumentar en un 33% los controles en los Puestos de Control Fronterizo europeos durante este año y 2027. Además, a finales de enero, se pondrá en marcha un Grupo de Trabajo de la UE especializado, que integrará a expertos de la Comisión y de los Estados miembros con el fin de maximizar la eficiencia de las inspecciones y evitar brechas en la cadena de seguridad alimentaria. Este despliegue técnico se complementa con la intención de actualizar con mayor frecuencia los niveles de controles oficiales, apoyando financieramente a los países que soportan la mayor carga de estas inspecciones adicionales.

Bruselas exigirá que las importaciones cumplan los mismos estándares de producción comunitarios para garantizar la igualdad de condiciones

Esta firmeza en la frontera se enmarca en un contexto más amplio de apoyo financiero y estabilidad para el campo europeo, diseñado para que los agricultores puedan afrontar la transición hacia modelos más sostenibles sin perder rentabilidad. En la misma reunión, se ratificó el compromiso de asegurar un presupuesto blindado de 293.700 millones de euros para los planes de asociación nacionales y regionales, garantizando un apoyo a la renta predecible y capacidad de inversión para millones de empleos rurales. Junto a esto, la creación de la Red de Seguridad Unificada, dotada con 6.300 millones de euros, duplicará la capacidad actual de respuesta ante crisis de mercado, desastres naturales o eventos climáticos adversos, proporcionando un colchón financiero necesario en un mercado global volátil.

La reciprocidad comercial también ha sido un tema central en el debate sobre la competitividad global de la Unión. Aunque la UE se mantiene como una potencia exportadora agroalimentaria, con un superávit de 64.000 millones de euros en 2024, la Comisión ha reconocido que cada nuevo acuerdo comercial, como el de Mercosur, debe incluir salvaguardias sin precedentes. Entre estas medidas figura un mecanismo de freno de mano que permitirá reaccionar con rapidez ante aumentos inesperados de importaciones que amenacen la estabilidad de cualquier sector productivo europeo, asegurando que la apertura de mercados no comprometa la viabilidad de las explotaciones locales.

Finalmente, la cumbre abordó la necesidad de aliviar los costes de producción, sobre todo en el acceso a los fertilizantes, un factor de presión económica, con precios un 60% superiores a los de 2020. Para mitigar este impacto, se ha propuesto la suspensión temporal de aranceles para el amoníaco y la urea, vinculada a garantías de que este ahorro llegue efectivamente al agricultor.