No se podrían entender los últimos veinte años a la hora de analizar la evolución y transformación de los agricultores y ganaderos españoles sin tener en cuenta nuestra integración en la por entonces Comunidad Europea. La fecha del 1 de enero de 1986 marca un antes y un después en el sector agrario español. El balance de ese periodo, que coincide prácticamente con los 20 años que la revista PHYTOMA lleva en su cita con los lectores, dependerá con algunos matices de quién sea el interlocutor, pero en términos generales será sin duda muy parecido.
Las cifras no engañan y la entrada en un mercado común junto a la aplicación de la Política Agrícola Comunitaria (PAC) ha propiciado un aumento de la renta de los agricultores españoles, ha impulsado la modernización de las explotaciones y la mejora organizativa, les ha colocado en definitiva en un mejor punto de salida en los mercados internacionales. Pero a la vez, no nos podemos engañar, también ha provocado numerosos ajustes y desigualdades.
La PAC es un gran ente que acapara en la actualidad cerca de 50.000 millones de euros anuales, casi el 50 por ciento del presupuesto comunitario, aunque va descendiendo su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea (UE) hasta el 43% en 2004 y se espera que baje en los próximos años hasta el 33% en 2013.
¿Una PAC cara?
Desde siempre se ha tratado de replantear dicha política agrícola europea con los argumentos internos de ser muy costosa financieramente y con la acusación externa en los foros internacionales de ser muy proteccionista. Se critica desde algunos países a la PAC, aunque si comparamos el apoyo de la agricultura en relación con el número de agricultores se puede observar que la Unión Europea se sitúa en el entorno de la media de los países de la OCDE; por detrás de Noruega, Japón, Suiza e incluso de Estados Unidos, adalid de la lucha contra las subvenciones que la Unión Europea concede a sus agricultores. Se mira así la paja en el ojo ajeno pero no en el propio.
Las negociaciones para la reforma del comercio mundial han seguido su curso, aunque encallan en los asuntos polémicos de la agricultura como es la retirada de subvenciones o la entrada de producciones de otros países a la Unión Europea sin ningún tipo de arancel. La ronda Uruguay del GATT y luego la Organización Mundial del Comercio han presionado y exigido cambios dentro de la Política Agrícola Comunitaria con el objetivo de liberalizar las transacciones económicas internacionales, que finalmente se han traducido en el tiempo en diversas reformas en el ámbito europeo que han conllevado una reducción importante de los precios de garantía de los distintos productos agrarios para aproximarlos a los precios mundiales.
Estas sucesivas reformas han seguido desvinculando el apoyo a la renta que percibe el agricultor de sus niveles de producción, condicionándole al mismo tiempo al cumplimiento de unas determinadas normas de seguridad alimentaria y medioambiental. Con todo el ahorro económico de estas medidas se quiere dotar de mayores recursos a las políticas de desarrollo rural. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio quiere más y no va a parar hasta conseguir sus objetivos.
Pese a las críticas internas -desde dentro de la propia Unión Europea- y externas -por otros países en las instancias internacionales como anteriormente se ha comentado- lo cierto es que la PAC tiene un balance positivo para España quien ha pasado de ser en 1996 el cuarto país receptor de fondos comunitarios al segundo en 2003 después de Francia. España recibió de la PAC en el conjunto del período 1994-2003 una cifra equivalente al 1 por ciento del PIB total y a poco menos de un tercio del PIB agrario. En el año 2006 la contribución financiera de la Unión Europea al sector agrario español ascendió a una cantidad de casi 6.372 millones de euros.
Ha posibilitado la PAC un aumento de las ayudas económicas para los agricultores y ganaderos españoles, sin olvidar que los de frutas y hortalizas por ejemplo apenas perciben, hasta el punto de dar un salto cualitativo de modernización con objeto de integrarse en una economía de mercado competitiva.
Las dos líneas de actuación de la PAC son la política de precios y mercados, mediante la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA), cuyos objetivos son garantizar esas rentas y producción; y la política de tipo estructural, por medio del FEOGA-Orientación.
Crecimiento: renta agraria
Nuestra pertenencia a la Unión Europea y las subvenciones de la PAC han constituido por tanto un apoyo firme al sostenimiento de las rentas de los agricultores y ganaderos españoles. Se ha incrementado la renta agraria en general y por trabajador, situándose en estos momentos por encima de la media comunitaria y sobrepasándose ya la de países como Alemania o Suecia por poner algunos ejemplos. Si en 1990 la renta agraria española en términos corrientes era de 13,7 millones de euros, la primera estimación correspondiente a 2007 habla de 25 millones de euros, prácticamente el doble; situándose por ocupado en 13.539 euros.
Hay que señalar que en estos últimos años alrededor del 25 por ciento de la renta agraria en España se nutre de las ayudas directas. Si a esto le añadimos las ayudas indirectas recibidas (desarrollo rural, etc.) y otras subvenciones (precio del agua, fiscalidad diferencial de carburantes y otros), el apoyo efectivo a la renta agraria podría doblar el porcentaje anterior. Estas ayudas y el aumento de la productividad explican el progreso de la renta agraria por empleado que, en quince años, ha aumentado más del 52 por ciento en términos reales.
El hecho de estar en la Unión Europea ha posibilitado unas mayores posibilidades de acceder a un gran mercado que ya estaba desarrollado y que poseía una fuerte capacidad adquisitiva. Las exportaciones agrarias españolas no han dejado de crecer en los últimos veinte años y la balanza comercial arroja resultados positivos. Actualmente se exporta más de la mitad de la producción agraria española, una proporción que va en aumento, y el superávit comercial del sector continúa creciendo.
Los datos del Ministerio de Agricultura, a partir de los datos suministrados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, señalaban que las exportaciones agrarias en España tenían en el año 2005 un valor de 20.729 millones de euros. Por poner algún ejemplo comparativo, en 1995 ese valor de las exportaciones agrarias españolas no llegaba ni a la mitad.
Ajustes y desigualdades de la política europea
Pero a la vez la política agrícola comunitaria ha provocado así mismo grandes ajustes y desigualdades. Por el camino se ha quedado un volumen importante de población activa agraria. El aumento de la renta agraria no ha evitado que haya habido un abandono masivo en el campo durante los últimos años. Si comparamos los censos agrarios durante el periodo comprendido entre 1989 a 1999 se observa que cerca de 500.000 explotaciones desaparecieron en España, un 22% del total. La última Encuesta sobre Explotaciones Agrícolas de 2005 señala que el número de explotaciones es de 1.790.420 cuando en el año 1982 eran 2.375.300.
Se produce así una reasignación de recursos productivos hacia otros sectores, principalmente servicios. Pese a que en los últimos años se ha producido un fuerte aumento de la dimensión territorial de las explotaciones españolas - según la última Encuesta sobre Explotaciones Agrícolas de 2005 la superficie total media es de 30,67 hectáreas-, se continúa arrastrando un notable retraso estructural con la UE. La reducida dimensión media se debe a la pervivencia en España de un gran número de pequeñas explotaciones muy relevantes no obstante en términos sociales por las funciones que cumplen desde el punto de vista ambiental y territorial y en las que el trabajo femenino es especialmente significativo.
En la actividad agraria española se detecta cada vez más una dedicación a tiempo parcial porque las crisis y los ajustes han dejado a muchos profesionales en la cuneta. Paralelo a lo anterior existe una gran necesidad de recurrir a mano de obra asalariada inmigrante porque gran parte de los anteriores recolectores se han dirigido hacia otros sectores más remuneradores y menos ingratos como la construcción o el sector servicios. No se sabe si ahora la crisis en el sector de la construcción puede conllevar un nuevo éxodo hacia el campo tras recorrer el camino inverso. Así, donde anteriormente había excedentes y se hicieron importantes recortes de producción como consecuencia de las políticas europeas; ahora por ejemplo hay déficit y demanda como es el caso de los cereales o la leche que han hecho elevar su precio de forma considerable y el de todos sus derivados, originando un grave problema a los gobiernos con la subida del precio de alimentos básicos de consumo.
La PAC también ha traído desigualdades. No podemos olvidar la concentración de las ayudas procedentes del FEOGA-Garantía en aquellas explotaciones agrarias que ya disfrutan de altos niveles de renta y el trato desigual que reciben la mayor parte de los productos de la agricultura mediterránea respecto a los de la continental. Sobre la primera cuestión los datos indican que el 70 por ciento de las subvenciones se las reparten el 20 por ciento de los agricultores y ganaderos, aunque con el fin de evitar esto se aplica ahora la modulación, donde a partir de un mínimo de ayuda se reduce ya la cantidad a cobrar, dinero que revierte después en el desarrollo rural.
En Europa, con críticas o sin críticas a la PAC hay un hecho evidente y hasta cierto punto normal, como es que el peso relativo de la agricultura en la economía española haya ido perdiendo importancia a lo largo de los años. En el año 1955 la participación del sector agrario en el Producto Interior Bruto (PIB) español se situaba en el 11,8%, en 1985 en el 6,7% y en estos momentos se encuentra por debajo del 3,5%. Mientras tanto el número de empleados agrícolas es de aproximadamente el 5 por ciento del empleo total, aproximadamente la mitad que hace 15 años.
Estamos ahora inmersos en una nueva etapa donde la demanda de alimentos se ha diversificado y en la que el consumidor concede una mayor relevancia a la calidad y la garantía sanitaria de los productos y no tanto al precio, una etapa donde los agricultores y ganaderos españoles deben dirigir su producción a hacerla más compatible con el medio ambiente y las nuevas condiciones internacionales de los mercados.
El futuro
Los retos de futuro para los agricultores y ganaderos españoles pasan de este modo por lograr un precio por sus productos que le resulte más remunerador, por tratar de evitar que las políticas europeas le sean lo menos lesivas posibles y por ampliar los mercados de comercialización.
Sobre la primera cuestión, los datos de 2006 del propio Ministerio de Agricultura destacan que la diferencia media de precios al consumo sobre el de origen en campo era del 390%, cifra que sube hasta el 503% en el caso de las frutas y hortalizas, con una participación directa del productor en la formación del precio de apenas un 25%. Este será, no cabe ninguna duda, uno de los principales caballos de batalla de los agricultores y ganaderos españoles para los próximos años y que trasladarán a los gobernantes que rigen la materia agraria.
En las cuestiones de política europea nos dirigimos hacia nuevas reformas con un sistema de pago único por explotación en lugar de producción; modulado en función de una serie de parámetros, como el número de hectáreas, condiciones medioambientales, seguridad alimentaria o bienestar animal, entre otros.
Ampliación de la Unión Europea
Se ve con optimismo la ampliación de la Unión Europea a los países de Europa Central y Oriental (PECO) -Eslovenia, Estonia, Lituania, Letonia, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria- ; lo que junto a los dos mediterráneos como Malta y Chipre, harán incrementar la población de la Unión Europea en más de 105 millones de habitantes hasta situarla en cerca de 500 millones. En la sala de espera se encuentra Turquía con una población cercana a los 70 millones de habitantes, aunque resultará un claro competidor de España en numerosas producciones.
Más posibilidades de mercado, pero mayores recortes a la vez. Entran en vigor nuevas perspectivas financieras que reducirán los importes actuales que percibirá España como consecuencia de esa ampliación de la Unión Europea y la presión internacional de determinados países en las negociaciones para cambiar el actual estatus del comercio. La ampliación lleva implícita un descenso de las ayudas financieras a la agricultura, pues hay mayor número de receptores y además se da la circunstancia de que dichos países van a recibir la mayor parte de los fondos estructurales comunitarios, tal y como sucedió con nuestra integración en su día.
Otras preocupaciones actuales giran en torno al futuro de los acuerdos subscritos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, que como he dicho anteriormente persigue una mayor liberalización de los intercambios de la UE con otras áreas comerciales, muy competitivas en determinadas producciones.
Hasta dónde se va a ceder por parte de las autoridades europeas es una cuestión difícil de prever, aunque todo indica que resulta ya imparable y los derroteros irán por ahí.
Recortes, ajustes, preocupación por las cuestiones del ámbito europeo e internacional; pero el sector agrario español produce calidad, está habituado a mantener y conquistar nuevos mercados. Está en definitiva suficientemente preparado para asumir los retos del futuro. Si ponemos la balanza de los últimos veinte años sale positiva y se confía que los próximos veinte lo sean también.
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