Cuando analizamos la evolución durante los últimos años, la situación actual y las perspectivas de futuro de la actividad agraria en España, la primera reflexión que debemos apuntar es que la economía nacional sigue teniendo en el sector primario uno de sus pilares básicos, con un enorme potencial que no podemos ni debemos dar por agotado, sino más bien todo lo contrario.

Y esta reflexión merece, asimismo, una primera consideración: esto es así por la capacidad de trabajo y de impulso de los hombres y mujeres que trabajan y viven en el campo, del colectivo de pequeñas y medianas explotaciones familiares que han sabido aprovechar, en los últimos 20 años, las ventajas objetivas que ha supuesto la integración de España en la Unión Europea.

En ese periodo, la sociedad rural española ha dado muestras significativas de apostar claramente por el futuro, por la modernidad, por la mejora de estructuras productivas y transformadoras, por la calidad de los productos y su posicionamiento comercial, como demuestra, por ejemplo, la presencia cada vez mayor de alimentos españoles con denominaciones de origen y de calidad diferenciada.

Ello no quiere decir que la experiencia de las últimas décadas haya sido fácil.

Todo lo contrario; ha habido y hay muchos problemas, de carácter general para la actividad agraria y algunos muy concretos en sectores básicos de la economía agraria.

Problemas que no se generan desde la responsabilidad de los agricultores y ganaderos, cuya vitalidad es cada día mayor, sino que se derivan del proceso de reformas continuas durante los últimos años tanto en la Política Agraria Común (PAC) como en la Organización Mundial de Comercio (OMC).

 

El nuevo modelo de la PAC. La presión sindical de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha intentado por todos lo medios influir en todos los procesos de reforma, con resultados muy positivos en algunos casos, pero la tendencia general hacia el cambio de modelo en la PAC ha sido imparable y, de hecho, ahora nos enfrentamos a un nuevo "chequeo médico" en 2008, sobre el grado de aplicación de la última reforma que entró en vigor en 2006, como paso previo a la próxima gran reforma, anunciada para 2013. Unas reformas que, en la práctica, van desmantelando poco a poco las esencias básicas de la Política Agraria Común.

Hemos pasado de recibir las ayudas por cabeza de ganado, por hectárea y en algunos casos puntuales, a través de las industrias transformadoras, a que después lo repercute vía precio al productor a un concepto nuevo: el desacoplamiento de las ayudas, esto es, su desvinculación de la producción: del número de cabezas de ganado o del número de hectáreas cultivadas. De este modo, gran parte del dinero que percibe el productor es ya independiente de lo que produzca y de cuánto produzca.

Al mismo tiempo, y con carácter general, las actividades que se financian con el presupuesto de la agricultura se han ampliado y ahora se incluyen el desarrollo rural y el medio ambiente. La PAC actual hace hincapié, cada vez más, en los pagos directos a los agricultores como la mejor manera de garantizar las rentas agrícolas, la seguridad y la calidad de los alimentos y la producción sostenible respetuosa con el medio ambiente.

 

Trabajar sin incertidumbres. La puesta en marcha de este sistema debe llevar aparejado una importante labor de información y difusión que responda a todas las dudas que tiene el sector; una labor que deben compartir las administraciones públicas y las organizaciones agrarias.

Los procesos permanentes de reforma en la PAC generan muchas veces una ralentización de las inversiones en el sector agrario, ante la incertidumbre que contiene cualquier modificación de la normativa, que por otro lado, fomenta la diversificación y la búsqueda de nuevas posibilidades. Por ello es más necesaria que nunca la información.

La PAC sigue teniendo como objetivo ofrecer a los agricultores y ganaderos europeos un nivel de vida razonable; y a los consumidores, alimentos de calidad a precios justos. Pero la manera de alcanzar estos objetivos ha cambiado a lo largo de los años. La seguridad alimentaria, la preservación del medio ambiente rural y la relación calidad-precio son ahora los conceptos clave.

Con todas las desventajas y bondades de la nueva PAC y de los cambios que se incorporen en el futuro, los agricultores y ganaderos españoles deben afrontar los nuevos tiempos y los nuevos retos del mercado. La ventaja más importante con la que contamos es el enorme potencial y vitalidad del sector a que nos referíamos al principio de este artículo.

Un sector, que sigue estando sostenido mayoritariamente por explotaciones de carácter familiar (en torno a 500.000 en toda España), que demuestran cada día una mayor eficiencia económica, social y empresarial con su actividad, que son capaces de ofrecer productos de altísima calidad muy reconocidos por los consumidores y que están en el origen del negocio agroalimentario, el más importante de la industria nacional, con una balanza exterior positiva y muchas posibilidades de seguir creciendo si contamos con el escenario adecuado y los apoyos necesarios.

Los agricultores y ganaderos españoles hemos vivido un momento histórico en los últimos 20 años, dando un salto de gigante a la modernidad, la internacionalización y el posicionamiento activo en los mercados. Hemos demostrado con creces que somos capaces de asumir grandes retos. Y así estamos dispuestos a seguir haciéndolo en el futuro. Para cumplir estos objetivos sólo exigimos claridad, un marco normativo estable, saber a qué atenernos para planificar nuestras explotaciones, invertir, en definitiva, trabajar con la menor incertidumbre posible.

Sólo espero, como responsable de la organización que agrupa a la mayoría social del campo español, que entre todos seamos capaces de garantizar un futuro de progreso para nosotros y nuestros hijos.

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