En la actualidad, el productor de tomate del sureste español es un agricultor profesionalizado y con gran formación técnica. Esto le ha permitido adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y a su vez llevar a cabo una agricultura cada vez más sostenible con el medioambiente, con una gran reducción del uso de fitosanitarios. A pesar de esto, la progresiva reducción de materias activas registradas y la limitación del número de residuos permitidos por parte de los grandes distribuidores europeos ocasiona muchas dificultades a los agricultores para poder mantener las producciones siguiendo las buenas prácticas agrarias y las estrategias antirresistencias recogidas en la Directiva europea sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Las Buenas Prácticas Agrarias son aquellas técnicas y pautas generales que debe de aplicar un agricultor responsable en su explotación, para una mejor orientación en el desarrollo de sus trabajos agrarios, de modo que garantice el respeto, protección y mejora del medio ambiente. Estas buenas prácticas agrarias las lleva ejerciendo el productor de tomate desde hace más de veinte años, cuando se publicaron las primeras guías oficiales, y se han ido adaptando a las nuevas amenazas fitosanitarias y a las cada vez mayores exigencias de sus clientes.

Más recientemente han surgido nuevas normas técnicas como la Gestión Integrada de Plagas, obligatoria en la Unión Europea desde enero de 2014. Esta norma, de obligado cumplimiento para todas las explotaciones agrarias, se orienta claramente a la obtención de cultivos sanos con bajo impacto en los agroecosistemas y en el impulso de los métodos biológicos de control de plagas. Pero como ya se ha comentado, aunque esta norma empezó a ser obligatoria hace cinco años, el productor de tomate tuvo y supo adaptarse mucho antes, sobre todo con la aparición de la nueva plaga Tuta absoluta en el año 2006, con la que se comenzó a poner en práctica el control biológico y tecnológico.

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