La sanidad vegetal desempeña un papel crucial en la sostenibilidad de la agricultura y la seguridad alimentaria. En los últimos años, la regulación del uso de fitosanitarios ha cambiado significativamente con la implantación del Real Decreto 1311/2012, que traspone la Directiva de uso sostenible de plaguicidas, y la implementación de registros como el ROPO (Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria) y el RETO (Registro Electrónico de Transacciones y Operaciones con productos fitosanitarios).
A esto se suma el Pacto Verde Europeo, que fija objetivos de reducción del 50% en el uso y riesgo de los fitosanitarios químicos y del 50% en el uso de los productos más peligrosos para 2030. Esta transición, aunque necesaria para minimizar el impacto ambiental, plantea un gran desafío: ¿cómo garantizar la producción agrícola ante la reducción de herramientas fitosanitarias disponibles?
En este contexto, es fundamental replantear las estrategias de control de plagas y enfermedades, considerando el cambio climático, la creciente demanda de productos con certificaciones más restrictivas y la integración de nuevas tecnologías.
