La amplia superficie de cultivos leñosos en España, con zonas muy densas de éstos, como puede ser el este y sureste español, con abundancia de cítricos, viñedo, frutales de hueso y frutos secos, requiere de su correspondiente manejo agronómico, que incluye tratamientos y labores de mantenimiento, entre los que se encuentra la poda. La poda implica la generación de una elevada cantidad de biomasa con carácter estacional, cuyo método de eliminación tradicional había sido la quema controlada.
Diversa normativa europea, nacional y autonómica regula la acumulación de restos vegetales y establece la prohibición de quemas agrícolas de restos de poda y rastrojos (salvo contadas excepciones). Estas normas pretenden favorecer la integración de estos residuos en la economía circular mediante procesos que favorezcan su valorización a través de su aporte en suelos, disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero y mejorando la salud de los agroecosistemas. Además, en zonas áridas y semiáridas y debido a las condiciones edafoclimáticas, el contenido en materia orgánica del suelo (MOS) no supera el 2%, existiendo una elevada correlación entre degradación del suelo y descenso del contenido de MOS. El European Soil Bureau establece que, para gran parte de los territorios indicados, los niveles de MOS son inferiores a 1,7%, con consecuencias asociadas en la cuenca mediterránea a la pérdida de estructura de los suelos, menor retención de agua y nutrientes, aumento de escorrentías y pérdida de infiltración, pobreza biológica, pérdida de fertilidad e incremento de la erosión. Por otro lado, los condicionantes ambientales y económicos, ligados a la dependencia de Europa de insumos y recursos externos, han hecho que desde la Unión Europea se desarrolle todo un paquete normativo orientado a la economía circular, que incluye el manejo de residuos y que beneficia indirectamente al sector agrario al favorecer prácticas que suponen la restauración de la fertilidad orgánica del suelo.
