La Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), que representa a los fabricantes de fitosanitarios en España, ha realizado una primera valoración de la propuesta de reglamento presentada por la Comisión Europea para reducir a la mitad el uso y riesgo de los plaguicidas en 2030. La asociación defiende que la introducción de criterios que favorezcan la flexibilidad en relación con estos objetivos “son necesarios y pertinentes para países como España, donde la diversidad de cultivos y las características agronómicas obligan a los agricultores a disponer de un conjunto completo de herramientas”.

AEPLA considera que la definición de intensidad en el uso de plaguicidas que introduce la nueva propuesta de reglamento “es un puro parámetro matemático, no basado en las necesidades de los cultivos concretos en cada país”, en referencia a los indicadores de riesgo armonizados, que surgen de la Directiva (UE) 2019/782 y sirven para medir la evolución en la reducción del impacto de los plaguicidas.

Otro de los elementos que preocupan de la nueva propuesta de la Comisión, que deberá ser examinada ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo, es la definición y las severas restricciones respecto el uso de fitosanitarios en las denominadas ‘zonas sensibles’ (áreas verdes urbanas, así como en cualquier zona ecológicamente sensible por la presencia de polinizadores). “Considerando que en España mucha superficie agrícola podría ser considerada zona sensible, esta medida podría tener un gran impacto en la producción, conduciendo al abandono de tierras y aumento de la despoblación, lo que iría en contra de los objetivos de coexistencia de la agricultura y biodiversidad”, advierte la asociación, para el que “una mejor definición, la posibilidad de introducir otras excepciones en función del país y medidas de mitigación del riesgo en casos concretos serían medidas muy necesarias desde nuestro punto de vista”.

AEPLA considera la nueva propuesta de reglamento “una oportunidad para profundizar en el uso sostenible de productos fitosanitarios”, pero pide que cualquier objetivo “debe ser alcanzable, realista y basado en un estudio de impacto como hemos defendido hasta ahora”. Reconociendo el trabajo realizado desde 2011 con la Directiva de Uso Sostenible, confía en que esta nueva propuesta “puede ir un paso más allá en la introducción de tecnologías y también la innovación en la aplicación, necesaria en este ámbito”.

La entidad reitera el “profundo compromiso con la producción sostenible de alimentos” de sus empresas asociadas, motivo por el que su objetivo “es colaborar en la mejora del proyecto de Reglamento presentado, de manera que pueda fomentar la introducción de nuevas tecnologías y soluciones integradas para la protección de los cultivos”, como los avances en la Gestión Integrada de Plagas, en la tecnología de aplicación y precisión gracias, por ejemplo, al uso de drones, las herramientas digitales para el monitoreo de plagas o la optimización de insumos, así como “potenciar las oportunidades que ofrecen los productos fitosanitarios con nuevos perfiles, cuyo marco de aprobación debería favorecerse y acelerarse, tal y como venimos solicitando”.