Este lunes entró en vigor la Ley 30/2022, que se adapta al Reglamento (UE) 2021/2115 y por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas. En ella se recogen las definiciones, mecanismos de control y sanciones que serán de aplicación en España para adaptarse a la nueva PAC. La Ley requiere el desarrollo de otros 18 decretos legislativos, como el Real decreto de uso sostenible de fitosanitarios que se acaba de aprobar.
Entre las nuevas normas, figura un marco nacional de actuación para aquellos casos en los que se produzca cualquier pago indebido a los beneficiarios con el fin de facilitar la lucha contra el fraude y proteger los intereses financieros de la Unión Europea; una serie de novedades relativas al uso sostenible de los productos fitosanitarios y el empleo prudente de los antimicrobianos, lo que implicará modificar diversos aspectos de las leyes nacionales de sanidad vegetal y animal; la aplicación de penalizaciones y sanciones cuando los beneficiarios no cumplan las condiciones y obligaciones para acceder a las futuras intervenciones del Plan Estratégico Nacional.
El 10% de los pagos directos se destinará a apoyar a pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y al menos el 3% del presupuesto de la PAC irá a parar a manos de agricultores jóvenes. Además, la ley contempla una reserva permanente de crisis -con un presupuesto anual de 450 millones de euros- para ayudar a los agricultores en caso de inestabilidad de los precios o del mercado.
A través de esta Ley, España se adapta a lo especificado en el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021 por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) 1305/2013 y (UE) 1307/2013, que establece las normas para que los Estados miembros desarrollen sus planes estratégicos y se acojan a la nueva PAC.
En 2018, la Comisión Europea presentó su propuesta de reforma de la Política Agrícola Común para el periodo 2021-2027, basándose en tres objetivos fundamentales: fomentar un sector agrícola resiliente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria a largo plazo, reforzar la protección del medio ambiente y la biodiversidad y fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales. Tras amplias negociaciones entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea, se alcanzó un acuerdo y la nueva PAC quedó adoptada oficialmente en diciembre de 2021.
La reforma abarca tres reglamentos, aplicables a partir de enero de 2023 (para 2021 y 2022 se aplicó un reglamento transitorio para salvar la brecha entre la legislación actual y la nueva legislación): el Reglamento horizontal, el Reglamento sobre los planes estratégicos, del que deriva la ley nacional que entra en vigor el lunes, y el Reglamento sobre la Organización Común de Mercados.
El ministerio destaca que el plan estratégico español tiene como objetivos principales mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas; favorecer el necesario relevo generacional y la incorporación de la mujer; procurar una producción de alimentos más sostenible que consuma menos recursos naturales y preserve la biodiversidad; e impulsar la innovación y la digitalización de la actividad agraria.
